PENSION DE SOBREVIVENCIA RECONOCIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 03490-2010-PA/TC

LAMBAYEQUE

AGUSTINA CHERRES BUENDÍA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de enero de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Agustina Cherres Buendía contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 200, su fecha 16 de julio de 2010, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de mayo de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando el otorgamiento de una pensión de ascendientes que a su criterio, le corresponde percibir por el fallecimiento de quien en vida fuera su hijo don José Alvarino Cubas Cherres, acaecido el 26 de agosto de 1993 y de quien dependió económicamente. Manifiesta que su hijo causante realizó aportaciones facultativas desde el 17 de febrero de 1965 hasta el año de 1993, no dejó viuda ni hijos con derecho a percibir una pensión de sobrevivientes, agrega que tiene 91 años de edad.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, señalando que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, y que la recurrente no ha cumplido con solicitar la referida pensión de acuerdo con el formato especial establecido por la ONP.

El Juzgado Transitorio Civil, con fecha 23 de marzo de 2010, declaró infundada la demanda por considerar que el hijo causante de la recurrente no acumuló el mínimo de las aportaciones exigidas para acceder a una pensión de jubilación solicitada.

La Sala Superior competente confirmó la apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. En la sentencia recaída en el Expediente 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, son susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en los que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales para obtenerla.

Delimitación del petitorio

2. La demandante solicita que se le otorgue una pensión de ascendientes de conformidad con el artículo 58 del Decreto Ley 19990, alegando que a su hijo causante le correspondía una pensión de jubilación por haber efectuado las aportaciones facultativas desde el 17 de febrero de 1965 hasta el año de 1993.

Análisis de la controversia

3. Siendo la pensión de ascendientes una pensión derivada de la pensión o del derecho a la pensión del asegurado o pensionista titular, es necesario determinar en el caso de autos si el hijo causante reunía los requisitos necesarios para acceder a una pensión de jubilación a fin de establecer si corresponde el otorgamiento de la prestación solicitada por su progenitora supérstite.

4. El artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, en concordancia con el artículo 1 del Decreto Ley 25967, establece que el derecho a obtener pensión de jubilación, en el régimen general, se adquiere a los 65 años de edad, debiéndose tener, como mínimo, 20 años de aportaciones.

5. De la partida de defunción que en copia certificada (obra a fojas 2) se observa que el causante falleció el 26 de agosto de 1993, a los 59 años de edad, por lo que a la fecha de su fallecimiento no tenía la edad requerida para acceder a una pensión de jubilación según el Decreto Ley 19990.

6. Pese a ello, este Colegiado considera pertinente evaluar la pretensión a la luz de los requisitos que el artículo 25 del Decreto Ley 19990 indica, según lo establecido por el inciso a) del artículo 51 del Decreto Ley 19990, a fin de verificar si a la demandante le correspondería percibir una pensión de invalidez en los términos establecidos por el artículo 58 del Decreto Ley 19990.

7. El artículo 46 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, establece: “A efectos de generar prestaciones de sobrevivientes, de acuerdo al artículo 51 del Decreto Ley 19990, se considera que el asegurado fallecido tenía derecho a pensión de invalidez, si a la fecha del deceso, reunía las condiciones a que se refieren los artículo 25 ó 28 del referido Decreto Ley, aunque el fallecimiento no hubiere sido antecedido de invalidez. Para el mismo efecto, se considera que el asegurado fallecido tenía derecho a pensión de jubilación si cumplía con los requisitos de edad y aportación establecidos para el goce de esta prestación en el régimen general o en el especial, así como en los casos previstos en los Artículos 38 y 44 del Decreto Ley 19990”.

8. Asimismo, el artículo 25 del Decreto Ley 19990 dispone que: “Tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando; […]”.

9. De la copia certificada de la partida de nacimiento (f. 1) se acredita el entroncamiento del causante con la recurrente.

10. En la STC y la RTC 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), se han establecido los criterios para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP.

11. Para acreditar las aportaciones referidas en los fundamentos precedentes, el demandante ha adjuntado:

a. Los recibos de pago y demás instrumentos (de fojas 6 a 78, de fojas 81 a 87, de fojas 89, de fojas 91 a 101), en los que se advierte que el causante ha acreditado 17 años y 11 meses de aportaciones facultativas, por lo que le hubiera correspondido una pensión de invalidez en los términos establecidos por el inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley 19990, razón por la cual a su progenitora supérstite le asiste el derecho de gozar de una pensión de ascendientes, de conformidad con el artículo 58 del citado Decreto Ley.

b. La licencia de conducir del causante, en copia legalizada (fojas 101.A).

c. La constancia de inscripción de asegurado en el Instituto Peruano de Seguridad Social correspondiente al causante (fojas 102).

d. La declaración jurada suscrita por la recurrente con fecha 18 de agosto de 2008 (fojas 103).

e. El carné de identidad del Seguro Social Obrero del Perú correspondiente al causante, en copia legalizada (fojas 106).

f. El certificado expedido por el Sindicato de Choferes Profesionales de Chiclayo, de fecha 18 de octubre de 1993, donde se consigna que el causante se registró en este gremio desde el 17 de febrero de 1965 (fojas 170).

12. Respecto de las pensiones devengadas solicitadas, éstas deben ser abonadas conforme lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990.

13. En cuanto a los intereses legales, estos deberán abonarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil de conformidad con el precedente recaído en la STC 05430-2006-PA/TC y en la forma y el modo establecidos por el artículo 2 de la Ley 28798.

14. Asimismo, al haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental a la pensión por parte de la emplazada, corresponde ordenar el pago de los costos procesales, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional.

15. Finalmente respecto a los restantes 10 años y 8 meses de aportaciones facultativas que habría efectuado el causante, la documentación existente en autos resulta insuficiente para acreditar dichas aportaciones, razón por la cual queda a salvo el derecho de la demandante para que acuda a la vía procesal a que hubiere lugar a efectos de su acreditación y reconocimiento.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión.

2. Ordenar que la demandada expida resolución mediante la cual le otorgue a la demandante pensión de ascendientes conforme a los fundamentos de la presente sentencia; con el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales.

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al reconocimiento de 10 años y 8 meses de aportes facultativos, conforme a lo expuesto en el fundamento 15 supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

ANPPERU SOLICITA AUDIENCIA A PRESIDENTE DE PODER JUDICIAL

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL PERU - ANPPERU

COMUNICADO Nº 002-2011

PENSIONISTAS SOLICITAN AUDIENCIA, CON CARACTER DE URGENTE, A LOS FLAMANTES PRESIDENTES DEL PODER JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, PARA TRATAR EL CASO DE LA APLICACION CORRECTA DE LA LEY Nº 23908 Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0703-2002-AC/TC.

Con fecha 04 de enero 2011, ha ingresado, en la Mesa de Partes del Poder Judicial (PUES ARBITRARIAMENTE SE NEGARON A RECIBIRLO ANTES), el Oficio Nº 185-2010/ANPPERU, dirigido al flamante Presidente del Poder Judicial, Dr. CESAR SAN MARTIN CASTRO, donde le solicitamos Audiencia, a fin de informarle documentada y brevemente, todo lo relacionado al prolongado conflicto social sobre la Ley Nº 23908 y la magistral Sentencia 0703-2002-AC/TC, que "manos ocultas" pretenden anularla.

De la misma, manera hemos dirigido el Oficio Nº 186-2010/ANPPERU, al eminente jurista Dr. HECTOR LAMA MORE, flamante Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitándole igualmente nos conceda Audiencia con carácter urgente, para tratar sobre la Ley Nº 23908.

ANPPERU, en cumplimiento a los Acuerdos de Asamblea Nacional, realizada los días 20 y 21 de diciembre de 2010, se ha dirigido al honesto y valiente Magistrado Dr. César San Martín Castro, para denunciar los gravisimos abusos y atropellos QUE DURANTE MAS DE 20 AÑOS VENIMOS PADECIENDO CIENTOS Y MILES DE PENSIONISTAS DEL D.L. 19990 Y D.L. 18846, POR EL INCUMPLIMIENTO, CON INTENCION CRIMINAL, DE LA LEY Nº 23908 Y LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DEL ILUSTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RECAIDA EN EL EXP. Nº 0703-2002-AC/TC.


En forma breve, pero precisa, le hemos informado al honesto, íntegro y valiente Dr. San Martín, QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A PEDIDO DE LOS JERARCAS DE LA ONP, HA LLEGADO AL EXTREMO DE EMITIR SENTENCIAS CONTRADICTORIAS Y ABERRANTES, CON EL UNICO PROPOSITO DE DESCONOCER NUESTRO LEGITIMO DERECHO A PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908.

ANPPERU, EN SU COMUNICACION, LE DICE AL FLAMANTE PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, QUE LO MAS GRAVE Y LAMENTABLE DE TODO ESTE LARGO CONFLICTO, ES VER COMO EL PODER JUDICIAL, TIENE QUE PERMANECER DE RODILLAS, FRENTE A LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LAS MISMAS QUE DEBEN ACATARSE AUNQUE SEAN CONTRADICTORIAS Y CONTENGAN ERRORES GARRAFALES, PERO DEBEN ACATARSE, PUES AL PARECER LOS MAGISTRADOS DEL TC, SON INFALIBLES.

CUALQUIER ESTUDIANTE DEL PRIMER AÑO DE DERECHO, PUEDE DARSE CUENTA QUE LA DECISION DEL TC, CONTENIDA EN LA ABERRANTE SENTENCIA 5189-2005-PA/TC, CONTIENE ERRORES E INEXACTITUDES GARRAFALES E IMPERDONABLES, CON MAYOR RAZON LOS SEÑORES JUECES DEL PAIS, TAMBIEN SABEN Y CONOCEN, QUE LA ACTUACION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN EL CASO DE LA LEY Nº 23908, ES POR DECIR LO MENOS "ZIGZAGUEANTE" Y "SOSPECHOSA".

FINALMENTE, ANPPERU, HA CUMPLIDO CON INFORMAR AL DR. CESAR SAN MARTIN, QUE ANTE ESTE ABUSO INCALIFICABLE A LOS DERECHOS HUMANOS DE MILES DE PENSIONISTAS Y SUS FAMILIAS, NOS HEMOS VISTOS OBLIGADOS A RECURRIR ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - CIDH, PARA DENUNCIAR AL ESTADO DEL PERU, POR EL INCUMPLIMIENTO - POR MAS DE 24 AÑOS - DE UNA LEY DE LA REPUBLICA Y POR MAS DE 08 AÑOS, DE UNA SENTENCIA DEL MAXIMO INTERPRETE DE LA CONSTITUCION EN EL PAIS.

ANPPERU, EXIGE EL CUMPLIMIENTO CORRECTO DE LA LEY Nº 23908 Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA CONTENIDA EN LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27-12-2002, LO QUE SIGNIFICA QUE SE FIJE LA PENSION INICIAL O MINIMA DE JUBILACION, INVALIDEZ O VIUDEZ EN UNA SUMA EQUIVALENTE A TRES SUELDOS MINIMOS VITALES, TRES INGRESOS MINIMOS LEGALES O TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, SEGUN EL VALOR EXPERIMENTADO POR ESTOS FACTORES CON EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO.

POR EJEMPLO, AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, LOS TRES MINIMOS ASCENDIAN A S/. 216.00 NUEVOS SOLES (72 x 3), Y A LA FECHA, LOS TRES MINIMOS ASCIENDEN A S/. 1,800.00 NUEVOS SOLES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL VALOR DEL MINIMO ES S/. 600.00 NUEVOS SOLES.

DEBE QUEDAR CLARO QUE A TODOS AQUELLOS A QUIENES LES CORRESPONDA EL DERECHO A PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908, DEBEN CONTINUAR PERCIBIENDO LOS REAJUSTES DE LOS TRES MINIMOS, EN FORMA VITALICIA, PUES LA DEROGATORIA O SUPUESTA DEROGATORIA DE LA LEY Nº 23908, NO PUEDE IMPLICAR EL DESPOJO DEL DERECHO, DADO QUE LOS DERECHOS SON IRRENUNCIABLES.

¡VIVA LA PROLONGADA Y ARDUA LUCHA POR LA LEY Nº 23908!

¡LA RAZON Y LA JUSTICIA NOS AMPARAN !

¡ VIVA LA GLORIOSA Y COMBATIVA ASOCIACION NACIONAL!

¡NI UN PASO ATRAS, S/.1,800.00 NUEVOS SOLES COMO PENSION MINIMA !

¡ VIVA LA LUCHA HEROICA DE NUESTRO PUEBLO EXPLOTADO Y OPRIMIDO POR LA DICTADURA !

¡ QUIEN NO LUCHA POR SUS DERECHOS, ES UN FELON !



Lima, enero 2011.

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL PERU

COMUNICADO N° 012-2010.

¡ 10 DE DICIEMBRE 2010 !

¡ GRAN MARCHA Y CONCENTRACION EN

LAS PUERTAS DE LA PCM !

(6° piso Edif. Petroperú)

ANPPERU EXIGE PRIORITARIAMENTE:

1. DEROGATORIA DEL NEFASTO D.S. 150-2008-EF Y NULIDAD DE LA ABERRANTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. 5189-2005-PA/TC, SU FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005.

2. PAGO DE LA SUMA DE 42 MIL MILLONES DE DOLARES QUE LE ADEUDA EL ESTADO DEL PERU AL FONDO DE RESERVA DE PENSIONES DEL D.L. 19990.

3. APLICACIÓN CORRECTA DE LA LEY 23908 Y LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, SU FECHA 27 DE DICIEMBE DE 2002.

4. PAGO DE DEVENGADOS, INTERESES LEGALES MAS INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, EN UNA SOLA ARMADA.

5. DESTITUCION INMEDIATA DEL JEFE DE LA ONP.

6. OTROS PUNTOS CONTENIDOS EN LAS CONCLUSIONES DEL “II SEMINARIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL ADULTO MAYOR……”, DESARROLLADO EN AUDITORIO ESSALUD, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO 2010.

COMPAÑEROS DEL D.L. 19990 Y 18846:

EL 28 DE JULIO 2008, TRAS 24 AÑOS DE INHUMANO INCUMPLIMIENTO DE UNA LEY DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DR. ALAN GARCIA PEREZ, EN SU MENSAJE A LA NACION, ANTE LA PROLONGADA, VALIENTE Y CRUENTA LUCHA DE LOS PENSIONISTAS, TUVO QUE ADMITIR Y ACEPTAR ESTA BRUTAL INJUSTICIA Y ORDENAR AL JEFE DE LA ONP, PROCEDA A DAR CUMPLIMIENTO A LA ANTIGUA LEY 23908 Y PAGAR LOS DEVENGADOS, PARA LO CUAL LE DIO UN PLAZO DE 100 DIAS AL JEFE DE LA ONP.

COMO ES NORMAL Y NATURAL EN ESTE GOBIERNO, ESTA NUEVA PROMESA PUBLICA DEL SEÑOR ALAN GARCIA, NO SE CUMPLIO.

FUE NECESARIO, QUE ANPPERU, REITERE SU DENUNCIA ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CIDH - Y REINICIE PORTENTOSAS MOVILIZACIONES, PARA LOGRAR QUE EL GOBIERNO EMITA EL D.S. 150-2008-EF, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23908 Y EL ABONO DE LOS DEVENGADOS A MAS DE 100 MIL PENSIONISTAS, PARA CUYO EFECTO, SE TRANSFIERE A LA ONP, LA SUMA DE 985 MILLONES DE NUEVOS SOLES.

ESTE DECRETO FUE UNA BURLA MAS DEL PRESIDENTE GARCIA Y DE SU COMPINCHE CHIRINOS, PUES LEJOS DE ORDENAR SE APLIQUE LA LEY 23908, TENIENDO EN CUENTA LO DISPUESTO EN LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, ORDENA QUE SE TENGA EN CUENTA LA ABERRANTE SENTENCIA 5189-2005-PA/TC.

EN LA PRACTICA, ¿QUE SIGNIFICA ESTA JUGADA DEL MALEANTE JEFE, DE DEJAR DE LADO LA SENTENCIA 0703-2002 Y APLICAR LA SENTENCIA 5189-2005?, SIMPLEMENTE, SIGNIFICA QUE, EN LUGAR DE PAGAR DEVENGADOS DE LA LEY 23908, POR 30, 40 o 60 MIL NUEVOS SOLES, COMO SE VENIA PAGANDO ANTES DEL AÑO 2009, COMIENZA A PAGAR A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL D.S. 150-2008-EF, SUMAS MISERABLES DE 4, 6 u 8 MIL NUEVOS SOLES.

ESTE ES UN ROBO ESCANDALOSO, UNA BURLA INACEPTABLE A LA DIGNIDAD DE CIENTOS Y MILES DE PENSIONISTAS DEL PAIS.

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AL JEFE DE LA ONP, NO LES HA INTERESADO PARA NADA, LA VIDA DE MILES DE PENSIONISTAS QUE HAN CAIDO EN ESTA LARGA LUCHA DE MAS DE 24 AÑOS, PENSIONISTAS QUE MURIERON EN LA MAS ESPANTOSA MISERIA Y COMPLETO ABANDONO, POR LA NEGATIVA CRIMINAL DE LOS GOBERNANTES QUE SE NEGARON A CUMPLIR CON LA LEY 23908.

AL PRESIDENTE Y AL JEFE DE LA ONP, POCO O NADA LES HA INTERESADO QUE EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 0703-2002-PA/TC, SE ESTE AUN VENTILANDO EN LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES.

ALAN GARCIA AL BURLARSE UNA VEZ MAS DE LOS PENSIONISTAS Y DE LA PROPIA CIDH, HA AGUDIZADO ESTE PROLONGADO CONFLICTO SOCIAL, ENTRE EL ESTADO Y LOS PENSIONISTAS.

DEBEMOS DEJAR CONSTANCIA QUE NOSOTROS NO HEMOS IDO A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES A QUE SE RESUELVA NUESTRA DEMANDA, SIMPLEMENTE HEMOS IDO A QUE LA CIDH ORDENE AL GOBIERNO ABUSIVO E INSENSIBLE DE ALAN GARCIA, CUMPLA CON LA LEY 23908 Y PAGUE LOS DEVENGADOS.

NOSOTROS HEMOS GANADO UN LARGO PROCESO JUDICIAL A LA JEFATURA DE LA ONP, EN EL MAXIMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL PAIS, INTERPRETE DE LA CONSTITUCION Y GUARDIAN DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMO VIENE A SER EL ILUSTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

NOSOTROS HEMOS DERROTADO A LA TODOPODEROSA ONP Y A SUS 400 ABOGADOS, QUE PERCIBEN HONORARIOS PROFESIONALES MILLONARIOS Y EN DOLARES.

NOSOTROS HEMOS LOGRADO, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA JURIDICA DE ESTE PAIS, QUE EL ILUSTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORDENE AL ESTADO, EN DICIEMBRE DEL AÑO 2002, CUMPLA CON LA LEY 23908, TRAS DOS DECADAS DE BRUTAL E INCALIFICABLE INCUMPLIMIENTO.

Y ANTE LA PREPOTENTE Y TEMERARIA DECISION DEL GOBIERNO DE NEGARSE A EJECUTAR UNA SENTENCIA JUDICIAL, NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A ACUDIR ANTE LA CIDH.

EN EFECTO, NOSOTROS SOMOS LA UNICA ASOCIACION DE PENSIONISTAS DEL D.L. 19990, QUE HA DENUNCIADO AL ESTADO DEL PERU POR LA VIL VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PENSIONISTAS, ANTE LA CIDH, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 23908 Y LA HISTORICA SENTENCIA DEL ILUSTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXP. 0703-2002-PA/TC, QUE HA PASADO EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA Y CONSTITUYE JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA.

NOSOTROS JAMAS VAMOS A PERDER ANTE LA CIDH, PUES ALLI NO SE VENTILA SI PROCEDE O NO LA APLICACIÓN DE LA LEY 23908, LO UNICO QUE HEMOS SOLICITADO A LA CIDH ES QUE ORDENE AL ESTADO DEL PERU PROCEDA A EJECUTAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002, SEGÚN SUS PROPIOS TERMINOS.

LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, SU FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002, HA DECLARADO FUNDADA NUESTRA DEMANDA Y HA ORDENADO QUE LA ONP, CUMPLA CON LOS ARTS. 1° y 4° DE LA LEY 23908.

SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ESTOS BENEFICIOS SE LES OTORGARA A TODOS LOS PENSIONISTAS QUE ALCANZARON EL PUNTO DE CONTINGENCIA ANTES DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 1996.

PUNTO DE CONTINGENCIA, ES AQUEL EN EL CUAL EL ASEGURADO ALCANZA LOS REQUISITOS DE AÑOS DE EDAD Y AÑOS DE APORTACIONES OBLIGATORIAS, EXIGIDOS POR EL D.L. 19990 PARA TENER DERECHO A GOZAR DE PENSION DE JUBILACION.

EL PUNTO DE CONTINGENCIA, ES TOTALMENTE DIFERENTE A LA FECHA DEL CESE DE ACTIVIDADES LABORALES.

ORDENA, ADEMAS, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE SE DEBE FIJAR, LA PENSION INICIAL, EN UNA SUMA EQUIVALENTE A TRES SUELDOS MINIMOS VITALES, TRES INGRESOS MINIMOS LEGALES O TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, SEGÚN LA VARIACION DE ESTOS FACTORES CON EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO.

ASIMISMO, SE DEBE REAJUSTAR ESTA PENSION INICIAL EN FORMA TRIMESTRAL DE ACUERDO AL COSTO DE VIDA.

ESTOS BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEY 23908 Y LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, HAN PASADO A LA CALIDAD DE DERECHOS ADQUIRIDOS Y SON IRRENUNCIABLES, IRREVOCABLES Y VITALICIOS.

FINALMENTE, SEÑALA LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, QUE A PESAR QUE SE PUEDA AFIRMAR QUE LA LEY 23908 SE ENCUENTRA DEROGADA (ANPPERU NO ADMITE TAL DEROGATORIA), LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR LOS ARTS. 1° y 4° DE ESTA LEY, DEBEN CONTINUAR ABONANDOSE EN FORMA VITALICIA.

EN RESUMEN:

1. LA LEY 23908 Y LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, HAN ORDENADO QUE SE FIJE LA PENSION INICIAL DE LOS PENSIONISTAS DEL D.L. 19990 Y POR EXTENSION A LOS DEL D.L. 18846, EN LA SUMA DE TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, A LA FECHA S/. 1,800.00 NUEVOS SOLES.

2. PARA TENER DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA LEY 23908, LO UNICO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA, SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ES EL PUNTO DE CONTINGENCIA Y NO LA FECHA DE JUBILACION.

3. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTE PUNTO DE CONTINGENCIA (AÑOS DE EDAD Y AÑOS DE APORTES OBLIGATORIOS PARA TENER DERECHO A JUBILACION), DEBE HABERSE ALCANZADO ANTES DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 1996.

4. SEGÚN LA LEY 24634, SU FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1986, EL SUELDO MINIMO VITAL FUE SUSTITUIDO INTEGRAMENTE POR EL INGRESO MINIMO LEGAL A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1989.

5. SEGÚN EL D.S. 054-90-TR, LA R.M. 091-92-TR, EL D.L. 650-91, D.S. 001-97-TR Y EL D.S. 003-92-TR, EL INGRESO MINIMO LEGAL FUE SUSTITUIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, PENSIONARIOS Y CONVENCIONALES POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

6. SEGÚN EL D.S. 003-92-TR, A PARTIR DEL 9 DE FEBRERO DEL AÑO 1992, EL VALOR DE LA REMUNERACION MINIMA VITAL SE FIJO EN LA SUMA DE S/. 72.00 NUEVOS SOLES, POR CONSIGUIENTE, A PARTIR DEL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 1992, LOS TRES MINIMOS SEÑALADOS POR LA LEY 23908, ASCENDIAN A S/. 216.00 NUEVOS SOLES (3 x 72).

7. CON POSTERIORIDAD, EL DECRETO DE URGENCIA 010-94, FIJO EL VALOR DE LA REMUNERACION MINIMA VITAL EN S/. 132.00 NUEVOS SOLES, POR CONSIGUIENTE, A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 1994, LOS TRES MINIMOS DE LA LEY 23908, ASCIENDEN A S/. 396.00 NUEVOS SOLES MENSUALES.

8. Y ASI SUCESIVAMENTE, HASTA LA FECHA EN QUE EL VALOR DE LA REMUNERACION MINIMA VITAL SE HA FIJADO EN S/. 600.00 NUEVOS SOLES, POR TANTO, LOS TRES MINIMOS ASCIENDEN A S/. 1,800.00 NUEVOS SOLES, A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.

9. NINGUNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL O DE LA CORTE SUPREMA, PUEDE MODIFICAR, DEROGAR, ANULAR O REVOCAR LA MAGISTRAL SENTENCIA 0703-2002-AC/TC.

10. FINALMENTE, EL ILEGAL D.L. 25967, NO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE HAN ALCANZADO EL DERECHO A PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY 23908, PUES, NINGUNA LEY ES RETROACTIVA.

Lima, 1 de diciembre 2010.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ANPPERU.