jueves, 21 de julio de 2016

SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN




ASESORAMOS A LOS JUBILADOS DEL D.LEY N° 19990 – 20530 – 19846

DL 19990(Pensión de Jubilación Normal o Adelantada, Invalidez, Viudez y Orfandad) (Bonificación Complementaria 20% FEJED) –DL 25967 – DL 26504(Recalculo y reajuste de Pensión)  Ley 23908(Tres sueldos mínimos vitales)– Ley 27561 – Ley 18846 – 26790(Renta Vitalicia  - Enfermedad Profesional) – 25009(Pensión de Jubilación Minera al 100%) –  Pensión Marítima y Complementaria Ley N° 23370-21592 (Bonificación Marítima).

JUBILACION MINERA: Sabía Usted que si se encuentra amparado bajo la Ley Nº 25009, puede obtener una pensión de Jubilación Minera al 100%.  Asimismo, sabía Usted, que si cuenta con Dictamen Médico que establece que padece de enfermedad profesional (NEUMOCONIOSIS, HIPOACUSIA Y OTROS), no es necesario que acredite la edad y años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, para gozar de su Pensión de Jubilación Minera.

PENSIÓN VITALICIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL (EX – RENTA VITALICIA): No pierda la oportunidad de ganar una PENSIÓN VITALICIA – EX RENTA VITALICIA por enfermedad profesional, recibiendo una remuneración mensual de acuerdo al grado de discapacidad, conforme a las leyes Nº 18846 y 26790, con ajustes automático cada trimestre de acuerdo al Índice del Precio al Consumidor.

JUBILADOS O CESANTES DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIOS PUBLICO
Asesoramos para que se incremente su pensión de jubilación sujeto al D. Ley N° 20530, al solicitar el recalculo de la pensión, considerando como parte de la CTS el pago del bono de función fiscal o jurisdiccional.

CESANTES  O JUBILADOS DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY N° 20530
Asesoramos para que se incremente su pensión de jubilación solicitando el reajuste, al no considerar pagos del D.U. N° 090-96, D.U. N° 073-97, D.U. N° 011-99 y aumentos por convenios colectivos que no ha sido considerado en la liquidación de su CTS, como es el caso del Banco de la Nación, Enapu Perú, Ministerio de Salud, Educación y otros.

PROFESORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
El Profesor cesante puede solicitar se le incluya como pensionista del Régimen del D.L. N° 20530, si cumple los requisitos de haber ingresado a la Carrera Pública del Profesorado o nombrado o contratado hasta antes del 31.12.1980, haber estado laborando conforme a la Ley del Profesorado al 20.05.1990 y encontrarse aportando bajo el régimen del D. L. N° 19990.

sábado, 9 de julio de 2016

EL PROFESOR CESANTE PUEDE SOLICITAR PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL RÉGIMEN DEL D. L. N° 20530

La Decimocuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 24029 (adicionada por el artículo 3° de la Ley N° 25212 de fecha 20 de mayo de 1990), concordada con la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 019-90-ED (reglamento de la Ley del Profesorado publicada el 20 de julio de 1990) establecen que los trabajadores de la educación bajo el régimen de la Ley del Profesorado, en servicio a la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 y comprendidos dentro de los alcances del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, Decreto Ley N° 19990, que ingresaron al servicio oficial como nombrados o contratados hasta el 31 de diciembre de 1980, son incorporados al Régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, la segunda disposición final de la Ley N° 28449 (Ley que establece nuevas reglas para el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, publicada el 10 de diciembre de 2004) concordado con el Decreto Supremo N° 159-2002-EF establecieron como requisito adicional -para acceder al régimen sub litis- que el beneficiado debe encontrarse laborando conforme a la Ley del profesorado al 20 de mayo de 1990. Finalmente, Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 09892-2005-PA, N° 05370-2007-PA/TC y N° 05383-2008-PA/TC estableció además que es necesario que el servidor se encuentre aportando al Decreto Ley N° 19990.

De lo que se concluye que para efectos de la incorporación del Régimen del Decreto Ley N° 20530 se requiere que al 10 de noviembre de 2004 concurran tres requisitos:
i)             haber ingresado a la Carrera Pública del Profesorado como nombrado o contratado hasta antes del 31 diciembre de 1980;
ii)            haber estado laborando conforme a la Ley del Profesorado al 20 de mayo de 1990; y,
iii)           encontrarse aportando bajo el régimen del Decreto Ley N° 19990; por lo que corresponde en este estadio verificar si el recurrente o demandante cumple con los requisitos antes descritos.


Para mayor conocimiento para los profesores cesantes, a continuación publicamos la Casación Previsional N° 6885-2014-Lambayeque.















miércoles, 6 de julio de 2016

Magistrados y Fiscales jubilados o cesantes, pueden solicitar la inclusión del bono por función jurisdiccional y fiscal, en el Pago de Pensión de Cesantía

Los magistrados se dividen en Jueces y Fiscales, durante la vigencia de su relación laboral el juez percibe un bono por función judicial y el Fiscal percibe un Bono por función fiscal. Estos bonos se consideraban, en algunos casos, como no remunerativos y al no ser remunerativos no son pensionables. Siendo aclarado por el II PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL EFECTUADO CON FECHA 08 Y 09 DE MAYO DEL 2014,  TEMA N° 04: REMUNERACIÓN COMPUTABLE PARA LA COMPENSACIÓN  POR TIEMPO DE SERVICIOS  Y PENSIONES  REGÍMENES ESPECIALES. Que ha acordado por unanimidad: El Bono por función jurisdiccional y el Bono por función fiscal tienen naturaleza  remunerativa, y como tal, son computables para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, además de tener carácter de conceptos pensionables, específicamente para el caso de los jueces y fiscales.   Si se le ha calculado su pensión sin tener en cuenta el Bono Jurisdiccional o por función fiscal, pueden pedir su recálculo.  Que, en materia previsional no existe caducidad ni prescripción.

Adjunto  sentencia expedida por la Corte Suprema, Cas. N° 7451-2015-Lima - (Pago de Pensión de Cesantía con inclusión del Bono por Función Fiscal  (Ministerio Publico) publicado el 30.06.2016 en el Diario El Peruano.







martes, 26 de abril de 2016

RECALCULO DE RENTA VITALICIA AL INCREMENTARSE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

En el Fallo se puede ver, que la sentencia de vista ha omitido considerar el pago de devengados y costos del proceso, de conformidad con lo establecido en el articulo 408 del Código Procesal Civil, se ha solicitado al Presidente la Cuarta Sala Civil de Lima, la aclaración y corrección en el extremo referido de las pretensiones accesorias.


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA ESPECIALIZADA CIVIL DE LIMA



EXPEDIENTE NUMERO 23300-2014-0-1801-JR-CI-10

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE
Lima, diez de marzo
Del año dos mil dieciséis.-


                                                                  VISTOS: interviniendo como Ponente la señora Juez Superior Ampudia Herrera, y, CONSIDERANDO:

PRIMERO: Es materia de apelación la sentencia contenida en la resolución número 6 de fecha 29 de abril del 2015, obrante a fojas 95, que resuelve declarar fundada la demanda, por tanto ordena que la entidad demandada cumpla con expedir resolución de liquidación de pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, y declare sin valor el acto administrativo que contiene la Resolución N° 0002434-2007-SGO-PCPE-IPSS-98, ordenando se dicte nueva resolución y liquidación de pensión de renta vitalicia, conforme a lo dispuesto por el artículo 18.2 del Decreto Supremo N° 003-98-SA; se recalcule el monto de la renta vitalicia al haberse incrementado la enfermedad profesional de 64% al 68% según certificado médico N° D.S. 166-2005-EF de fecha 12 de octubre del 2011, actualizado según el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, más el pago de los intereses legales.

SEGUNDO: Mediante escrito de folios 114, la entidad demandada ONP, interpone recurso impugnatorio de apelación, sustentándolo en que:
2.1. El recálculo de la renta vitalicia que percibe el actor por aumento de incapacidad no puede ser dilucidado en la vía de amparo, por requerir de una estación probatoria de la que carecen los procesos constitucionales; por consiguiente, la demanda del actor debió ser declarada improcedente atendiendo al carácter residual de los procesos constitucionales, dado que existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria.
2.3. El demandante viene percibiendo pensión de renta vitalicia conforme al D.L 18846, por lo que al pretender recalcular el monto de la renta vitalicia con sujeción a la Ley N° 26790, el Juzgado ha inobservado la normativa y precedentes vinculantes aplicables, generando un detrimento a los intereses de la ONP, así como a los asegurados de esta administración; además que para acceder al recálculo de la renta vitalicia debió determinarse una comisión médica competente.

TERCERO: Por escrito de demanda obrante de fojas 39, el accionante peticiona se declare la nulidad de la Resolución Administrativa N° 0002434-2007-SGO-PCPE-IPSS-98, emitida por la ONP y se emita nueva liquidación de pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, dictándose nueva resolución conforme lo dispuesto por el artículo 18.2 del Decreto Supremo N° 003-98-SA; así como el pago de devengados e intereses legales, sostiene que la demandada al emitir la citada Resolución Administrativa ha calculado su pensión aplicando erróneamente el Decreto Ley N° 18846 y su Reglamento, en vez de aplicar la Ley N° 26790 y lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 18.2 y el artículo 18.2.1 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, dado que el Informe de Evaluación Médica presentado para acreditar su incapacidad es de fecha 10 de agosto del 2006 y no del 15 de mayo de 1995 como allí se menciona, por lo que solicita que se ordene a la demandada efectuar un nuevo cálculo de su pensión, teniendo en cuenta que se ha incrementado su incapacidad de 64% a 68% conforme al Certificado Médico de fecha 12 de octubre del 2011, actualizándose según el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana.

CUARTO: El fundamento 37 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-2005-AA/TC, establece que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.

QUINTO: El Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 10063-2006-PA/TC, ha establecido con carácter vinculante, que en los procesos de amparo en los que se pretenda el otorgamiento de una Renta Vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 o una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 y el Decreto Supremo  Nº 003-98-SA, la enfermedad profesional sólo podrá ser acreditada con los dictámenes o exámenes médicos emitidos por las Comisiones Médicas Evaluadoras o Calificadoras de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS. Así también el precedente vinculante del Tribunal Constitucional en la sentencia STC N° 2513-2007-PA/TC en su fundamento 40, ha establecido que la fecha de la contingencia se determina en función de la fecha del dictamen o certificado médico de la Comisión Médica Evaluadora.

SEXTO: En el caso de autos está acreditado y no es materia de controversia que la propia demandada mediante Resolución N° 0002434-2007-SGO-PCPE-IPSS-98 de fojas 8, le otorgó al actor una pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional (64% de menoscabo). En tal sentido, corresponde determinar si la ONP al expedir la precitada Resolución Administrativa, debió aplicar Ley 26790 y el Decreto Supremo N° 003-98-SA; asimismo si corresponde el recalculo de la pensión del actor al haberse incrementado su enfermedad profesional de 64% a 68%.

SÉTIMO: La Ley N.° 26790, publicada el 17 de mayo de 1997([1]), derogó el Decreto Ley N.º 18846 y lo sustituyó como mecanismo operativo por el de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, también obligatorio, como una cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que realizaran actividades de alto riesgo, autorizando a los empleadores a contratar la cobertura de los riesgos profesionales, indistintamente y siempre por su cuenta, con la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o las empresas de seguros debidamente acreditadas. Esta es la razón por la cual se dispone que EsSalud otorgue cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones por enfermedades profesionales, entre otras contingencias (artículo 2º de la Ley N.º 26790), y que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley N.° 18846, sean transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP (Tercera Disposición Complementaria de la Ley N.º 26790).                                                                                                                          

OCTAVO: Se aprecia que por Resolución N° 0000002434-2007-ONP/DC/DL 18846 de fecha 11 de mayo del 2007, la demandada otorgó pensión de Renta Vitalicia al actor, bajo el Régimen del Decreto Ley N° 18846, en mérito al Certificado de Evaluación Médica de fecha 10 de agosto del 2006, tomando en cuenta para ello que en dicho certificado médico se señaló como fecha del inicio de la enfermedad el 15 de mayo de 1995. En tal sentido, al expedirse la citada Resolución Administrativa, la demandada se ha apartado de los lineamentos establecidos por el Tribunal Constitucional, tanto más si a la fecha de su expedición, el Decreto Ley N° 18846 ya había sido derogado desde el mes de mayo de 1997; por lo tanto, correspondía a la ONP aplicar la Ley N° 26790, actualmente en vigencia.

NOVENO: En lo relativo al incremento de la incapacidad del actor, éste presenta el Certificado Médico DS N° 166-2005-EF de fecha 12 de octubre del 2011 de fojas 11, de cuyo contenido se aprecia que ha sido expedido por el Comité de Evaluación Médica de EsSalud, dejando constancia que el actor tiene una incapacidad parcial y permanente que asciende al 68%. En tal sentido, al haber superado el grado de incapacidad equivalente a dos tercios (66.66%), conforme el artículo 18.2.2 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, corresponde efectuar un reajuste en la pensión de renta vitalicia que percibe el actor; asimismo la demandada deberá proceder a abonar al actor los devengados actualizados, por lo dejado de abonar por la no aplicación de la Ley N° 26790, así como por el incremento de su incapacidad a partir del 12 de octubre del 2011, reajuste que deberá ser actualizado según el índice de precios al consumidor.
Por los fundamentos antes expuestos, corresponde confirmar la apelada, por encontrarse arreglada a ley y al mérito de lo actuado.

Por estas consideraciones:

CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número 6 de fecha 29 de abril del 2015 obrante a fojas 95, que resuelve declarar fundada la demanda, en consecuencia ordena a la entidad demandada cumpla con expedir resolución de liquidación de pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional y se deje sin efecto el acto administrativo que contiene la Resolución N° 0002434-2007-SGO-PCPE-IPSS-98, disponiendo se dicte nueva resolución y liquidación de pensión de renta vitalicia, conforme a lo dispuesto por el artículo 18.2 del Decreto Supremo N° 003-98-SA; se recalcule el monto de la renta vitalicia al incrementarse la enfermedad profesional de 64% al 68% según Certificado Médico N° D.S. 166-2005-EF de fecha 12 de octubre del 2011 actualizándose según el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, más el pago de los intereses legales; en los seguidos por Balvín Huamán Bertiz contra la Oficina de Normalización Previsional, sobre Proceso de Amparo; y los devolvieron.-
DAH/dsz.


JAEGER REQUEJO                                            AMPUDIA HERRERA


ROMERO ROCA
    




[1] Segunda.- Derógase los Decretos Leyes N°s. 18846 y 22482, el Decreto Legislativo N° 718, así como las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente ley.

Tercera.- Las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales regulado por el Decreto Ley N° 18846 serán transferidos al Seguro complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP, con arreglo a lo dispuesto por la presente Ley.

domingo, 3 de mayo de 2015

PARA EL CALCULO DE LOS INTERESES LEGALES SE DEBE APLICAR EL ART. 1246 Y NO EL ART. 1249 DEL C.C., DE ESTA FORMA LA ONP TRATA DE CREAR CONFUSIÓN A LOS MAGISTRADOS

EXP. N.° 02478-2014-PA/TC
LAMBAYEQUE
JUAN MANUEL
PERLECHE CHIRINOS

           
AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 11 de marzo de 2015

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Porfirio Seclén Torres, abogado de don Juan Manuel Perleche Chirinos contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 184, su fecha 19 días de marzo de 2014, que declaró fundada la observación interpuesta por la ONP; y,

ATENDIENDO A

1.       Que en la etapa de ejecución del proceso de amparo seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se dio inicio a la ejecución de la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 13 de junio de 2006 (f. 35).

La ONP emitió la Resolución 116406-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 30 de noviembre de 2006 (f. 48), por la cual, por mandato judicial, procedió a reajustar la pensión de jubilación del actor por la suma de I/. 2,589.90, a partir del 19 de mayo de 1988, la misma que reajustada en aplicación  de la Ley 23908, asciende al 1 de mayo de 1990 en la suma de S/. 2.10 y actualizada a la fecha de expedición de la presente resolución en la suma de S/. 346.00.

Al respecto debe indicarse que el recurrente mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2010 (f. 121), observó la citada resolución, solicitando que se calcule los intereses legales considerando la tasa de interés efectiva y que los devengados se efectúen desde la fecha en que fueron liquidados (1/5/1990 al 29/11/2006), se practique los intereses utilizando el sistema interleg y para mejor resolver se envíe al departamento de liquidaciones a fin de que el perito efectúe la liquidación. A fojas 130 obra el Informe Pericial 126-2012-DRL/PJ, de fecha 9 de marzo de 2012, donde se efectúa la liquidación de intereses a favor del actor por la suma de S/. 17,556.85, pericia que es observada por la ONP (f. 131).

2.      Que el Séptimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 22 de octubre de 2012 (f.147), declara infundada la observación formulada por la ONP, por considerar que el departamento de liquidaciones en su informe de autos ha especificado los factores de interés utilizados y establecido por el banco central de reserva del Perú. La Sala revisora revocó la apelada, y declaro fundada la observación de la ONP, por considerar que se aprecia de la hoja de liquidación de autos que la demandada fija la pensión inicial del actor al 1 de de julio de 1991 en S/. 70.00, monto superior a los tres mínimos sustitutorios ascendente a S/ 36.00, fijados por el Decreto Supremo 002-91-TR, lo cual permite inferir que la demandada cumplió con actualizar la pensión de jubilación del demandante conforme a la Ley 23908, y por ende las pensiones devengadas. Asimismo, agrega que para el caso de deudas en materia previsional, recientemente la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2013, Ley 29951, dispone que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, y agrega que el referido interés no es capitalizable.

3.      Que en la RTC 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, se ha señalado que “[...] sobre la base de lo desarrollado en la RTC 0168-2007-Q/TC, este Colegiado considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del RAC cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido una sentencia estimatoria por parte de este Colegiado como para quienes la han obtenido por el Poder Judicial.

La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder Judicial cuando este no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal. Asimismo, los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el recurso de agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia este Colegiado, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional”.

4.      Que en el caso de autos la controversia consiste en determinar si en fase de ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor de la ejecutante en el proceso de amparo a que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra.

5.      Que este Colegiado en la STC 5430-2006-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano, el 4 de noviembre de 2008, ha precisado con carácter vinculante las reglas sustanciales y procesales para el reconocimiento de las pretensiones referidas al pago de devengados, reintegros e intereses legales, cuando en segunda instancia se estime una pretensión comprendida en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. En la referida sentencia se estableció que los intereses legales deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil.

6.      Que en la sentencia recaída en autos, se ordenó que a las pensiones devengadas debe aplicarse la tasa de interés legal establecida en el artículo 1246 del Código Civil, tal como lo ha establecido este Colegiado en reiterada y uniforme jurisprudencia; por consiguiente, la resolución de vista recurrida, que declara fundada la observación formulada por la ejecutada, no garantiza la correcta ejecución de la sentencia en sus propios términos, por lo que debe estimarse el recurso de agravio constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
 RESUELVE

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado por el recurrente; en consecuencia, INFUNDADA la observación formulada por la ONP.

Publíquese y notifíquese.


SS.

RAMOS NÚÑEZ
BLUME FORTINI
LEDESMA NARVÁEZ


lunes, 27 de abril de 2015

EL CALCULO DE LOS INTERESES LEGALES DEBE EFECTUARSE DEL DEVENGADO BRUTO SIN EL DESCUENTO DEL 4% DEL SEGURO SOCIAL



EXP. N.° 02626-2013-PA/TC
LIMA
MARÍA CELIA VALDERRAMA LOJA
VDA. DE CALIXTO
(EXP. Nº 5409-2009-PA/TC)

           
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Celia Valderrama Loja Vda. de Calixto contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 95, su fecha 14 de marzo de 2013, que declaró infundada la observación formulada por la demandante; y,

ATENDIENDO A

  1. Que en la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se le ordenó a dicha entidad que cumpla con ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 13 de julio de 2010 (f. 10).

  1. Que la ONP emitió la Resolución 100257-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 8 de noviembre de 2010 (f. 51), por la cual otorgó al cónyuge de la recurrente por mandato judicial pensión de jubilación bajo los alcances del artículo 38 del Decreto Ley 19990 y del artículo 1 del Decreto Ley 25967, por el monto ascendente a S/. 341.81 a partir del 19 de diciembre de 1995, actualizada a la fecha de fallecimiento, esto es al 7 de marzo de 2005, en la suma de S/. 509.94 nuevos soles, reconociéndole un total de 27 años y 5 meses de aportaciones al régimen del Decreto Ley 19990; precisándose que se efectuó el cálculo teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas en los últimos 48 meses anteriores al mes aportado, conforme al inciso b) del artículo 2 del Decreto Ley 25967, y en cuanto a los devengados, que estos se han generado a partir del 3 de enero de 2000 conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990.   

Asimismo, se observa del Informe de la Subdirección de Calificaciones de la ONP de fecha 15 de noviembre de 2010 (f. 53), que se acompaña a la citada resolución, que la demandada determinó el monto de los devengados no cobrados por el asegurado causante por el período comprendido desde el 3 de enero de 2000 (fecha de inicio de la regularización de los devengados), en aplicación del artículo 81 del Decreto Ley 19990; esto es, un año antes a la fecha de presentación de la solicitud de prestaciones económicas de fecha 3 de enero de 2001 hasta el 6 de marzo de 2005 (día anterior a la fecha de fallecimiento del pensionista); y respecto a los intereses legales no cobrados se realizó el cálculo teniendo en cuenta el interés efectivo legal por el período comprendido desde el 3 de enero de 2000 hasta el 6 de marzo de 2005, por la suma de S/.1,953.75 nuevos soles.

  1. Que de otro lado, en cumplimiento del mandato judicial, a la actora se le otorgó mediante Resolución 100258-2010-ONP/DPR.SC DL 19990, de fecha 8 de noviembre de 2010, pensión de viudez por la suma de S/. 270.00 nuevos soles, a partir del 29  de  diciembre  de 1997, actualizada a partir del 7 de marzo  de  2005 en S/. 270.00 nuevos soles, procediéndose a pagar el 50% de los devengados e intereses legales no cobrados por el cónyuge causante, ascendentes a la suma de S/. 976.88 nuevos soles, y el 50% restante quedó pendiente hasta que sea solicitado por los beneficiarios, previa presentación de la sucesión intestada o el testamento del causante. 

  1. Que la recurrente formuló observación (f. 70) aduciendo que la ONP no ha abonado los intereses legales ordenados por el Tribunal Constitucional en la STC 54029-2009-PA/TC, y que además estos deben ser liquidados en su totalidad hasta el día efectivo de su pago, realizándose su cálculo sobre el devengado bruto, sin el descuento del 4%.

  1. Que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 9 de julio de 2012, declaró infundada la observación y que se tenga por cumplido lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Por escrito de fecha 7 de agosto de 2012, la demandante apeló dicha resolución, alegando que para el cálculo de los intereses legales no se ha empleado la tasa de interés legal efectivo y que la liquidación debió ser practicada por el área de pericia, a fin de determinar intereses moratorios y compensatorios. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada contra la cual la actora interpuso recurso de agravio constitucional (f. 103).

  1. Que el Tribunal Constitucional ha comprendido que el derecho a la ejecución de resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial. En efecto, en las Sentencias 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC este Colegiado ha dejado establecido que “[e]l derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido” [Fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento, este Colegiado ha precisado en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-PA/TC, fundamento 64).

7. Que, en efecto, “la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés público, dado que el Estado de Derecho no puede existir cuando no es posible alcanzar la justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto. Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos reaccionando frente a posteriores actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos” (STC 042-2002-AA/TC).

8.     Que la controversia entonces consiste en determinar si en fase de ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor de la ejecutante en el proceso de amparo al que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra; es decir, lo relativo al cumplimiento y liquidación del pago de los intereses legales hasta el día efectivo de su pago, así como efectuar su cálculo sobre el devengado bruto, sin el descuento del 4%.

9.     Que la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 13 de julio de 2010 resolvió: “Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia NULAS las Resoluciones 28608-2002-ONP/DL 19990, de fecha 10 de junio de 2002 y 38504-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha de mayo de 2005. Ordenar que la demandada calcule la pensión de jubilación del cónyuge de la recurrente con arreglo al artículo 2b del Decreto Ley 25967 y al Decreto Ley 19990, excluyendo la aportación facultativa realizada en el año 2001, así como la pensión de viudez que percibe la demandante, con el abono de los reintegros generados con sus respectivos intereses legales, más los costos del proceso de acuerdo con los fundamentos de la sentencia”.

10. Que de lo actuado se aprecia que la entidad demandada emitió la Resolución  100257-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 (f. 51) y el Informe de la Subdirección de Calificaciones DPR.SC en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó al fallecido cónyuge de la actora pensión, habiendo practicado el cálculo conforme al inciso b) del artículo 2 del Decreto Ley 25967, de acuerdo con el reporte de la relación de remuneraciones promediables y la hoja de liquidación, así como los conceptos por devengados conforme el artículo 81 a partir de un año anterior a la presentación de la solicitud (3 de enero de 2001). Se advierte también que mediante la Resolución 100258-2010-ONP/DPR.SC.DL 19990, se le otorgó pensión de viudez a la demandante con el pago tanto del 50% del total de los devengados no cobrados por el causante, ascendente a la suma de S/. 6,897.00, como del 50% del total de los intereses legales no cobrados por el causante, ascendente a la suma de S/. 976.88 nuevos soles. Sin embargo, se aprecia respecto a los intereses legales que estos fueron calculados desde la fecha de inicio de la regularización de los devengados según el artículo 81 del Decreto Ley 19990 (3 de enero de 2000) hasta el 6 de marzo de 2005 (día anterior a la fecha de fallecimiento) (f. 51 y 53).

11. Que, en ese sentido, este Colegiado considera que la ONP en etapa de ejecución emitió las resoluciones cuestionadas de manera defectuosa, omitiendo pronunciarse correctamente sobre el pago de los intereses que le corresponden a la actora, los mismos que deberán ser otorgados desde la fecha de inicio de los devengados hasta la fecha efectiva del pago de los intereses legales, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1246 del Código Civil, dado que estos últimos responden a la falta de pago en su debida oportunidad. Debe agregarse que la ONP debe calcular los intereses legales que se le otorgan a la demandante sin el descuento del 4%. Por tanto, el recurso de agravio constitucional debe ser estimado.   

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

1.      Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado por la demandante.

2.      Ordena que la ejecutada efectúe el pago de los intereses desde la fecha de inicio de los devengados hasta la fecha efectiva del pago de los mismos, conforme a lo señalado por el artículo 1246 del Código Civil, sin el descuento del 4%.
  
Publíquese y notifíquese.


SS.

URVIOLA HANI
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ