JUSTICIA PARA NUESTROS JUBILADOS DEL PERU

MULTAN A LA ONP POR SUSPENDER PENSION DE JUBILACION

2011-11-23T16:38:00.001-05:00

EN ESTE CASO LA ONP SE HA EXCEDIDO EN SUS ATRIBUCCIONES AL SUSPENDER LA PENSION DE JUBILACION, AL CONSIDERAR EL CERTIFICADO DE TRABAJO M. PICASSO Y HNOS, QUE ES MATERIA DE UNA INVESTIGACION por ser documento apócrifo, según las investigaciones efectuadas por la División de Investigaciones de la Policía contra la corrupción de la PNP. Es preciso mencionar que a fojas 33 de autos obra el Memorándum 12707-2007-GL.PJ/ONP/44, de fecha 29 de octubre de 2007.
SI BIEN ES CIERTO QUE EL JUBILADO PRESENTO EL CERTIFICADO DE TRABAJO M. PICASSO Y HNOS. PERO LA ONP NO CONSIDERO LOS AÑOS DE APORTACIONES AL OTORGARLE SU PENSION DE JUBILACION, EN CONSECUENCIA NO SE PUEDE SUSPENDER LA PENSION DE JUBILACION DEL JUBILADO, PORQUE ESTARIA COMETIENDO EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, AL VULNERAR SU DERECHO PENSIONARIO QUE ES DE CARÁCTER ALIMENTARIO, Y QUE NO SE PUEDE SUSPENDER LA PENSION DE JUBILACION O RECORTARLA, SI NO EXISTE UNA RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA QUE SUSPENDA DICHO DERECHO.

SI BIEN ES CIERTO HAY MUCHAS PERSONAS INESCRUPULOSAS QUE TRATAN DE SORPRENDER A LA ONP, AL PRESENTAR DOCUMENTOS APOCRIFOS, CON EL PROPOSITO DE OBTENER UNA PENSION DE JUBILACION, QUE EN SU GRAN MAYORIA SON TRAMITADORES QUE INDUCEN A LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA A COMETER DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, MI RECOMENDACIÓN ES NO DEJARSE SORPRENDER POR ESTAS PERSONAS QUE ACTUAN AL MARGEN DE LA LEY.

EXP. N.° 03505-2011-PA/TC
ICA
GREGORIO URBANO
PAREDES PARIONA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de octubre de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto, adjunto del magistrado Álvarez Miranda

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Urbano Paredes Pariona contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 175, su fecha 30 de mayo de 2011, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 3794-2007-ONP/DP/DL 19990, de fecha 23 de noviembre de 2007, y que en consecuencia se restituya el pago de su pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, más el pago de las pensiones dejadas de percibir y los intereses legales correspondientes.

La emplazada contesta la demanda manifestando que se suspendió la pensión de jubilación del actor toda vez que los documentos que presentó para obtener su derecho contenían claros indicios de irregularidad.

El Cuarto Juzgado Civil Transitorio de Ica, con fecha 17 de diciembre de 2010, declaró fundada la demanda, por estimar que si bien la entidad demandada tiene la facultad de calificación y suspensión de la pensión, debe ejercerla de conformidad con lo dispuesto por las normas pertinentes y plazos fijados.

La Sala Superior revisora, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por considerar que la resolución que suspende la pensión de jubilación del actor ha sido debidamente motivada, por lo que la emplazada no ha incurrido en acto arbitrario alguno.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. De conformidad con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC.

2. Teniendo en cuenta que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce; debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.

Delimitación del petitorio

3. El demandante solicita que se restituya el pago de la pensión de jubilación.

La motivación de los Actos Administrativos

4. Este Tribunal ha dejado sentado su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, señalando:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, FJ 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”.

5. Por tanto, la motivación de actos administrativos constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo IV del Título preliminar establece que el debido procedimiento es uno de los principios del Procedimiento Administrativo. En atención a este, se reconoce que “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (…)”.

6. A su turno, los artículos 3.4, 6.1, 6.2, y 6.3, señalan respectivamente que, para su validez El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto (énfasis agregado).

7. Abundando en la obligación de motivar, incluso cuando se hubiera efectuado una motivación por remisión, el artículo 24.1.1 exige a la Administración que la notificación contenga “El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación”.

8. Por último, se debe recordar que en el artículo 239.4, ubicado en el Capítulo II del Título IV sobre Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública, se señala que serán pasibles de sanción “Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: (…) Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia”.

Análisis del caso

9. A fojas 2, obra la Resolución 7947-2004-GO/ONP, de la que se desprende que la ONP otorgó al demandante pensión de jubilación según el Decreto Ley 19990, a partir del 25 de mayo de 2001, reconociéndole un total de 27 años completos de aportación en el Régimen del Decreto Ley 19990.

10. Asimismo, consta de la resolución impugnada (f. 5), que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Supremo 063-2007-EF, la demandada suspendió el pago de la pensión de jubilación del recurrente señalando que, según el Informe 333-2007-GO.DC, expedido por la División de Calificaciones de la Gerencia de Operaciones de la ONP, con fecha 13 de noviembre de 2007, existían indicios razonables de irregularidad en la información y/o documentación presentada por las personas consignadas en el Anexo 1 –entre las cuales estaba el demandante– (f. 300, revés del expediente administrativo acompañado), con el fin de que se le otorgue su pensión de jubilación.

11. Cabe indicar que a fojas 298 del expediente administrativo, se aprecia el Informe antes referido del cual se desprende que mediante Memorándum 12707-2007-GL.PJ/ONP/44, la Gerencia Legal nos informa sobre el inicio de la investigación preliminar contra los asegurados que han presentado solicitudes de pensión ante la ONP, sustentados en certificados de trabajo y liquidaciones por tiempo de servicios emitidos por: “M. PICASSO HNOS.”, “JULIO DANIEL MASSA SÁNCHEZ”, “HACIENDA CORDERO ALTO”, “FUNDO GUZMAN” entre otros, los cuales resultaron ser documentos apócrifos, según las investigaciones efectuadas por la División de Investigaciones de la Policía contra la corrupción de la PNP. Es preciso mencionar que a fojas 33 de autos obra el Memorándum 12707-2007-GL.PJ/ONP/44, de fecha 29 de octubre de 2007.

12. Asimismo, de lo actuado en el expediente administrativo, se aprecia que mediante la Resolución 7947-2004-GO/ONP se le otorgó al demandante la pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, porque acreditaba 27 años de aportaciones según el detalle del cuadro resumen de aportaciones (f. 272), los cuales no incluyen el periodo laboral que habría efectuado en ‘M. Picasso y Hnos.’, esto es, desde diciembre de 1951 a noviembre de 1959, según se desprende a fojas 53 a 58 del expediente administrativo.

Es preciso evidenciar que las aportaciones reconocidas al accionante corresponden a empleadores distintos a los mencionados en el párrafo anterior, esto es, a los empleadores Agrícola Santa Lucía S.A., Fundo Morón, Fundo San Ramón (Elías Vargas Emilio Alfredo) y Fundo San Pedro S.A.

13. En ese sentido, se verifica que la Resolución de Gerencia de Operaciones 6926-2007-GO/ONP, de fecha 16 de noviembre de 2007 (f. 304 del expediente administrativo), que da inicio al procedimiento de fiscalización posterior de los expedientes administrativos correspondientes al Régimen de Pensiones del Decreto Ley 19990, a partir del Informe 333-2007-GO.DC/ONP, comprendió sin justificación alguna al recurrente.

14. Por lo expuesto, se constata que, en el presente caso, la suspensión de la pensión de jubilación del demandante ha sido injustificada, pues se ha basado en documentación que no ha sido tomada en cuenta para el otorgamiento de la referida pensión. En consecuencia, se advierte que la Administración ha cometido un acto arbitrario y vulneratorio de los derechos a la seguridad social y a la debida motivación, por lo cual corresponde estimar la demanda.

15. Finalmente, este Colegiado considera que se debe sancionar a la ONP por haber actuado con negligencia y/o por su proceder malicioso al suspender la pensión de jubilación del demandante con el argumento de que los documentos presentados por el actor para acreditar la relación laboral con la empresa M. Picasso y Hnos., eran fraudulentos, cuando del expediente administrativo presentado por la propia ONP se advierte que la Administración no ha reconocido periodo laboral alguno respecto del empleador cuestionado.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración de los derechos a la pensión, a la seguridad social y a la debida motivación; en consecuencia, NULA la Resolución 3794-2007-ONP/DP/DL 19990, de fecha 23 de noviembre de 2007.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la pensión; se ordena a la ONP que restituya el pago de la pensión de jubilación del recurrente, con el abono de las pensiones dejadas de percibir desde la emisión de la Resolución 3794-2007-ONP/DP/DL 19990, en el plazo de dos días hábiles, más los intereses legales correspondientes y costos del proceso.

3. IMPONER a la ONP el pago de 15 URP (Unidades de Referencia Procesal) conforme al último considerando de la presente resolución.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN

EXP. N.° 03505-2011-PA/TC
ICA
GREGORIO URBANO
PAREDES PARIONA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ÁLVAREZ MIRANDA

Con el debido respeto por la opinión del resto de mis colegas Magistrados emito el presente voto por las siguientes razones:

1. Pese a que, en principio, soy de la posición de que cuando la ONP no cumple con motivar la resolución que decreta, únicamente debería decretarse su nulidad a fin de que se señale con precisión por qué dicha pensión debe ser suspendida, pero sin que ello conlleve su restitución; en el caso de autos existen elementos que me llevan a decantarme por declarar FUNDADA la demanda, y en consecuencia, ordenar que se restituya la pensión al actor.

2. Según la Resolución N.º 3794-2007-ONP/DP/DL 19990 (fojas 5 - 6), la ONP sustenta tal suspensión en que la información relacionada con el exempleador de la recurrente, M. PICASSO Y HNOS., contiene indicios de adulteración o falsedad; sin embargo dicha afirmación, por sí misma, no resulta suficiente para justificar la postura adoptada por la ONP, al no exteriorizar que lo resuelto obedece a una decisión lógica y razonada que articule, de un lado, las irregularidades detectadas en otros casos de suspensión de pensiones, y, de otro, la particular situación del demandante.

3. Y es que, conforme se advierte de autos, no se reconoció aportación alguna vinculada a dicho exempleador. En efecto, conforme se advierte del Cuadro Resumen de Aportaciones (fojas 272), tales aportaciones no han sido reconocidas por la Administración. Por consiguiente, no cabe duda de que estamos ante un proceder manifiestamente arbitrario, razón por la cual corresponde declarar la nulidad de dicha resolución y restituir la pensión al recurrente.

4. Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, estimo necesario precisar que si bien no puede soslayarse que han existido numerosos casos de fraudes en materia pensionaria, y que la erradicación de dichas malas prácticas es una ineludible obligación de la ONP; en ningún caso, las labores de fiscalización pueden menoscabar los derechos fundamentales de los particulares, ni los principios básicos sobre los que se cimienta el Estado constitucional de derecho.

Por tales consideraciones, me adhiero a la parte resolutiva suscrita por el resto de mis colegas magistrados.

S.

ÁLVAREZ MIRANDA

RECONOCEN AÑOS DE APORTACIONES

2011-11-18T19:28:00.003-05:00

El Tribunal Constitucional en su reciente sentencia recaída en el Exp. N° 3731-2010-PA/TC de fecha 07 de octubre del 2011, a pesar de existir discrepancia en las fechas de ingreso y cese a este centro laboral, considera el período concordante a efectos de acreditar aportaciones, porque existe la evidencia que el demandante ha laborado más de 28 años completos, siendo su criterio del Interprete de la Constitución, de evitar en este caso un perjuicio innecesario a la parte demandante, procede a la aplicación del principio iura novit curia, y muchos magistrados no utilizan este principio, que ayudaría mucho en resolver casos especiales, como son las personas de edad muy avanzadas y que no cuentan con la seguridad social, y buscan lograr su derecho pensionario ante la Oficina de Normalización Previsional, que en su gran mayoría se la ha denegados y asimismo no se les considera la totalidad de sus aportaciones.

EXP. N.° 03731-2010-PA/TC

LIMA

PEDRO ALEJANDRO,

BRAVO RIVAS

RAZÓN DE RELATORÍA

Vista la Causa 03731-2010-PA/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Urviola Hani, se ha llamado para dirimirla al magistrado Vergara Gotelli, quien ha compartido el parecer del magistrado Urviola Hani, por lo que, no habiéndose zanjado la cuestión, se ha llamado al magistrado Eto Cruz, con cuyo voto se ha alcanzado mayoría.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de octubre de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Alejandro Bravo Rivas contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 401, su fecha 20 de abril de 2010, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 25929-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha 23 de marzo del 2005, y que por consiguiente se le otorgue pensión de jubilación adelantada. Asimismo, solicita el pago de los devengados y los intereses legales.

La emplazada contesta la demanda expresando que el recurrente no satisface los requisitos para acceder a la pensión que solicita, puesto que ha acreditado únicamente 9 años de aportes.

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima declara fundada la demanda, por considerar que el recurrente sí reúne los requisitos establecidos en cuanto a la edad y los años de aportación para acceder a la pensión de jubilación adelantada.

La Sala Superior competente revoca la apelada y la declara improcedente, por estimar que no se han presentado documentos idóneos para acreditar aportaciones adicionales.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. En la STC 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.

Delimitación del petitorio

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia al encontrarse la pretensión comprendida dentro del supuesto del fundamento 37.b) de la referida sentencia, corresponde resolver el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis de la controversia

3. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que: “los trabajadores que tengan cuando menos 55 o 50 años, de edad y 30 o 25 años de aportaciones, según sean hombres y mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación [...]”.

4. De la copia del Documento Nacional de Identidad (f. 2), se acredita que el actor nació el 26 de noviembre de 1944 y que cumplió la edad necesaria para disfrutar de la pensión de jubilación adelantada el 26 de noviembre de 1999.

5. De la Resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones (ff. 266, 267), se observa que la ONP no le otorga pensión al actor porque solo acredita 9 años y 1 mes de aportes. Luego, mediante la Resolución 374-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 3 de enero de 2006 (f. 5), se vuelve a denegar la pensión al demandante, reconociéndole 9 meses adicionales de aportaciones.

6. Cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en su resolución aclaratoria, el Tribunal Constitucional ha sentado precedente y establecido las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.

7. A efectos de acreditar periodos de aportaciones adicionales a los reconocidos por la ONP, el demandante ha presentado una serie de documentos expedidos por los siguientes empleadores:

Ferro Industrial S. A.

a) Ficha personal de inscripción de Orcinea (f. 18) y la carta de Orcinea (f. 274, expediente administrativo), documentos que no acreditan el período laboral para dicho empleador, al no estar respaldados con documentos adicionales.

Yale Ausaco S. A.

b) Certificado de trabajo en copia simple, en el que se consigna que el demandante laboró en el período del 11 de abril de 1966 al 30 de octubre de 1995 (f. 19).

c) Carta que dirige la empleadora al Seguro Social del Perú, informándole de las remuneraciones pagadas al recurrente en el mes de agosto de 1976 (f. 20).

d) Carta del Banco Mercantil a la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado-INDECOPI (f. 23) y cartas dirigidas por la Organización Castañón S. A. a Indecopi y al Banco Mercantil (ff. 25 y 30).

e) Convenio Individual de Depósito de Beneficios Sociales (f. 21), por el período comprendido entre el 11 de abril de 1966 y el 30 de abril de 1991.

f) Liquidación de beneficios sociales (f. 31), por el período comprendido del 11 de abril de 1965 al 4 de junio de 1992.

En vista de que existe discrepancia en las fechas de ingreso y cese a este centro laboral, se tomará en cuenta el período concordante a efectos de acreditar aportaciones.

En consecuencia, en este período se acreditan 27 años, 1 mes y 23 días de aportaciones.

Aportaciones Facultativas

g) De fojas 334 a 345 obra instrumental que sustenta los aportes facultativos reconocidos por la ONP.

Por consiguiente, el recurrente ha acreditado aportes por 28 años, 1 mes y 23 días, los cuales son insuficientes para acceder a la pensión solicitada.

8. No obstante lo anterior, este Colegiado estima que a efectos de evitar un perjuicio innecesario a la parte demandante, procede la aplicación del principio iura nóvit curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, en el presente caso la configuración legal del derecho a la pensión del recurrente deberá ser analizada según lo dispuesto por las normas que regulan el régimen general de jubilación establecido en el Decreto Ley 19990.

9. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para gozar de una pensión del régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones.

10. En consecuencia, apreciándose de autos que el demandante cuenta con 28 años, 1 mes y 23 días de aportaciones al régimen del Decreto Ley 19990 y que tiene 65 años de edad, cumplidos el 26 de noviembre de 2009, es a partir de esa fecha que se debe otorgar la pensión de jubilación del régimen general regulado por el citado decreto ley, motivo por el cual la demanda debe ser estimada.

11. Respecto al pago de costas, debe desestimarse tal petición, conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. En cuanto a los intereses legales, en la STC 05430-2006 se ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil.

12. En cuanto al pago de costos, ha de tenerse presente que si bien es cierto que el mandato de que la demandada asuma los costos del proceso se deriva del artículo 56º del Código Procesal Constitucional, también lo es que dicho artículo, a la vez, reconoce como legislación supletoria, entre otros, el artículo 412 del Código Procesal Civil que establece que el reembolso de los costos “(…) es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración (…)”.

13. En el presente caso, el recurrente interpuso la demanda de amparo el 12 de diciembre del 2006 y solicitó, entre otros conceptos, que se le otorgue pensión de jubilación adelantada. Sin embargo, el recurrente no logró acreditar los años de aportaciones exigidos para acceder a la pensión de jubilación adelantada, pero sí, para la pensión de jubilación de conformidad con el régimen general. En cuanto al otro requisito para acceder a esta última pensión: la edad del recurrente, cabe manifestar que éste cumplió la edad requerida el 26 de noviembre del 2009.

14. En razón de lo expuesto, está acreditado en autos que, al momento de interponer la demanda, el recurrente no cumplía con uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación de conformidad con el régimen general, de modo tal que no se está ante un supuesto en el que la demandada deba ser sancionada con el pago de los costos y sí más bien, ante un supuesto objetivo y razonable de exoneración.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.

2. Ordenar que la demandada expida una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación al recurrente de acuerdo al régimen general del Decreto Ley 19990, conforme a las consideraciones expuestas, sin costas ni costos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

ETO CRUZ

URVIOLA HANI

EXP. N.° 03731-2010-PA/TC

LIMA

PEDRO ALEJANDRO,

BRAVO RIVAS

VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS

Y CALLE HAYEN

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes:

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derech, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.

Delimitación del petitorio

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia, al encontrarse la pretensión comprendida dentro del supuesto del fundamento 37.d) de la referida sentencia, corresponde resolver el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis de la controversia

4. De de la copia del Documento Nacional de Identidad (f. 2), se acredita que el actor nació el 26 de noviembre de 1944 y que cumplió la edad necesaria para disfrutar de la pensión de jubilación adelantada el 26 de noviembre de 1999.

6. Cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en su resolución aclaratoria, el Tribunal Constitucional ha sentado precedente y establcido las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.

7. A efectos de acreditar periodos de aportaciones adicionales a los reconocidos por la ONP, el demandante ha presentado una serie de documentos referidos a los siguientes empleadores:

Ferro Industrial S. A.

h) Ficha personal de inscripción de ORCINEA (f. 18) y la carta de ORCINEA (f. 274, expediente administrativo), documentos que no acreditan el período laboral para dicho empleador, al no estar respaldados con documentos adicionales.

Yale Ausaco S. A.

i) Certificado de trabajo en copia simple, en el que se consigna que el demandante laboró en el período del 11 de abril de 1966 al 30 de octubre de 1995 (f. 19).

j) Carta que dirige la empleadora al Seguro Social del Perú, informándole de las remuneraciones pagadas al recurrente en el mes de agosto de 1976 (f. 20).

k) Carta del Banco Mercantil a la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado-INDECOPI (f. 23) y cartas dirigidas por la Organización Castañón S. A. a Indecopi y al Banco Mercantil (ff. 25 y 30).

l) Convenio Individual de Depósito de Beneficios Sociales (f. 21), por el período comprendido entre el 11 de abril de 1966 y el 30 de abril de 1991.

m) Liquidación de beneficios sociales (f. 31), por el período comprendido del 11 de abril de 1965 al 4 de junio de 1992.

Así las cosas, advirtiéndose que existe discrepancia en las fechas de ingreso y cese a este centro laboral, se tomará en cuenta el período concordante a efectos de acreditar aportaciones.

En consecuencia, en este período se acreditan 27 años, 1 mes y 23 días de aportaciones.

Aportaciones Facultativas

n) De fojas 334 a 345 obra instrumental que sustenta los aportes facultativos reconocidos por la ONP.

Por consiguiente, el recurrente ha acreditado aportes por 28 años, 1 mes y 23 días, los cuales son insuficientes para acceder a la pensión solicitada.

8. No obstante lo anterior, consideramos que a efectos de evitar un perjuicio innecesario a la parte demandante, procede la aplicación del principio iura nóvit curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, en el presente caso la configuración legal del derecho a la pensión del recurrente deberá ser analizada según lo dispuesto por las normas que regulan el régimen general de jubilación establecido en el Decreto Ley 19990.

10. En consecuencia, apreciándose de autos que el demandante cuenta con 28 años, 1 mes y 23 días de aportaciones al régimen del Decreto Ley 19990 y que tiene 65 años de edad, cumplidos el 26 de noviembre de 2009, es a partir de esa fecha que se debe otorgar la pensión de jubilación del régimen general regulado por el citado decreto ley, motivo por el cual la demanda debe ser estimada.

11. Respecto a pago de costas debe desestimarse conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional y condenarse sólo el pago de los costos del proceso, pues en el presente caso independientemente del error al solicitar la pensión ante la ONP, debe resaltarse que ha sido igualmente en virtud de este proceso constitucional que se ha reconocido años de aportes adicionales desconocidos arbitrariamente por la emplazada y que ha merecido atención de este Tribunal para estimar la demanda, lo cual ha significado gastos innecesarios para el recurrente. En cuanto a los intereses legales, en la STC 05430-2006, se ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil.

Por las consideraciones precedentes, se debe declarar FUNDADA la demanda y, en consecuencia ordenar que la demandada expida una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación al recurrente de acuerdo al régimen general del Decreto Ley 19990, conforme a las consideraciones expuestas, más los costos del proceso.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

EXP. N.° 03731-2010-PA/TC

LIMA

PEDRO ALEJANDRO,

BRAVO RIVAS

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI

Con el debido respeto a mis colegas magistrados, emito el presente voto singular por las razones que a continuación expongo:

En la parte resolutiva de la sentencia -que al declararse fundada la demanda, ordena que la demandada expida una nueva resolución mediante la cual se otorgue al recurrente una pensión de jubilación de acuerdo al régimen general del Decreto Ley Nº 19990- se dispone que la demandada debe asumir los costos del proceso.

Si bien es cierto que el mandato de que la demandada asuma los costos del proceso se deriva del artículo 56º del Código Procesal Constitucional, también lo es que dicho artículo, a la vez, reconoce como legislación supletoria, entre otros, el artículo 412 del Código Procesal Civil que establece que el reembolso de los costos “(…) es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración (…)”.

En el presente caso, el recurrente interpuso la demanda de amparo el 12 de diciembre del 2006 y solicitó, entre otros conceptos, que se le otorgue pensión de jubilación adelantada.

Como es de verse de la ponencia, el recurrente no logró acreditar los años de aportaciones exigidos para acceder a la pensión de jubilación adelantada, pero sí, para la pensión de jubilación de conformidad con el régimen general. En cuanto al otro requisito para acceder a esta última pensión: la edad del recurrente, cabe manifestar que éste cumplió la edad requerida el 26 de noviembre del 2009.

En razón de lo expuesto, está acreditado en autos que, al momento de interponer la demanda, el recurrente no cumplía con uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación de conformidad con el régimen general, de modo tal que no se está ante un supuesto en el que la demandada deba ser sancionada con el pago de los costos y sí más bien, ante un supuesto objetivo y razonable de exoneración.

En consecuencia, mi voto es porque se declare fundada la demanda, ordenando que la demandada expida una nueva resolución mediante la cual se otorgue al recurrente una pensión de jubilación de acuerdo al régimen general del Decreto Ley Nº 19990, sin costos.

Sr.

URVIOLA HANI

EXP. N.° 03731-2010-PA/TC

LIMA

PEDRO ALEJANDRO,

BRAVO RIVAS

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente voto en concordancia con la posición del Dr. Urviola Hani.

En el presente caso la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con la finalidad de que se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme lo establecido al artículo 44 del Decreto Ley 19990, más el pago de pensiones devengadas e intereses.

Llega a mi Despacho dos posiciones distintas a efectos de que dirima la controversia. Es preciso señalar que la discordia se ha producido respecto del extremo referido a la imposición del pago de costos del proceso. En tal sentido por un lado encontramos que los Drs. Beaumont Callirgos y Calle Hayen han estimado la demanda considerando que la ONP debe de realizar el abono de los costos del proceso por no haber considerado determinadas aportaciones al recurrente; y por otro lado tenemos la posición asumida por el Juez Constitucional Urviola Hani, quien considera que no se le debe imponer el pago de costos del proceso a la ONP puesto que al recurrente no le correspondía la pensión de jubilación adelantada, habiéndose tenido –en aplicación del principio iura novit curia– que otorgarle pensión de jubilación en el régimen general, a efectos de no perjudicar al recurrente.

Es así que en el caso de autos se observa de los medios probatorios adjuntados por el recurrente que éste no cumplía con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación adelantada –pretensión que era parte del petitorio de la presente demanda de amparo–, pero no obstante ello y en atención a que el actor cumplía con el requisito de aportes exigidos para una pensión de jubilación en el régimen general del Decreto Ley 19990, se le otorgó tal pensión aplicando el principio iura novit curia.

Por ende teniendo en consideración que la demanda ha sido estimada por razones distintas a las planteadas en ella, considero innecesario sancionar a la ONP con el pago de los costos de la demanda, puesto que la ONP no incurrió en negligencia alguna ya que al actor no le correspondía pensión de jubilación adelantada que propuso en la pretensión, razón por la que se le otorgó la pensión de jubilación en el régimen general.

En tal sentido concuerdo con lo expresado por el Juez constitucional Urviola Hani, debiéndose por ende estimar la demanda sin condenar a la ONP al pago de los costos del proceso.

Por lo expuesto corresponde declarar FUNDADA la demanda de amparo, debiéndose expedir una nueva resolución en la cual se otorgue una pensión de jubilación de acuerdo al régimen general del Decreto Ley Nº 19990, sin el abono de los costos del proceso.

Sr.

VERGARA GOTELLI

EXP. N.° 03731-2010-PA/TC

LIMA

PEDRO ALEJANDRO,

BRAVO RIVAS

VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ

Por los fundamentos expuestos en los votos de los magistrados Vergara Gotelli y Urviola Hani, considero que en el presente caso no corresponde condenar a la ONP con el pago de los costos del proceso. En consecuencia, mi voto es porque la demanda se declare FUNDADA, y se ordene a la ONP emita nueva resolución otorgando al recurrente la pensión de jubilación de acuerdo al régimen general del Decreto Ley Nº 19990, sin el abono de costos.

SS.

ETO CRUZ

MEMORIAL DIRIGIDO AL PRESIDENTE OLLANTA HUMALA

2011-08-06T20:37:00.017-05:00

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL PERU

A N P P E R U

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M E M O R I A L

AL SEÑOR OLLANTA HUMALA TASSO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Asociación Nacional de Pensionistas del Perú - ANPPERU, Persona Jurídica, debidamente inscrita en los Registros Públicos, señalando dirección domiciliaria real y procesal, en el Pasaje Punta Pacocha Nº 324-384 – Distrito de Jesús María, correo electrónico: anpperu@gmail.com, anpperu@speedy.com.pe, que agrupa, principalmente, a los pensionistas del D.L. Nº 19990 y D.L Nº 18846, en nuestra condición de dirigentes e integrantes de este gremio y por nuestro propio derecho, acudimos ante su elevada Investidura para expresarle, en primer término, nuestra sincera felicitación y respetuoso saludo, al asumir usted la Primera Magistratura del país y, a la vez, en acatamiento a los magnos Acuerdos de nuestra Asamblea Nacional ANPPERU, desarrollada en Lima, los días 20 y 21 de junio 2011, cumplir con elevar ante su Despacho, el presente MEMORIAL, que contiene el Pliego de Peticiones 2011 de nuestra Asociación Nacional, el mismo que, pese a haber sido presentado en su oportunidad, no fue atendido por el Gobierno saliente, asimismo, en vía de simple ilustración, estamos acompañando una Ayuda Memoria, que resume nuestra prolongada y dramática problemática, así como nuestra incansable lucha por la restitución de derechos adquiridos y el cumplimiento de la Ley Nº 23908.

Señor Presidente, en el convencimiento que ESTAMOS DANDO INICIO A UNA NUEVA EPOCA EN LA HISTORIA DE NUESTRA PATRIA, donde verdaderamente se respeté la dignidad y los derechos inalienables de todas las personas, sobre todo de las Personas Adultas Mayores, quedamos en la seguridad que dispondrá usted las acciones más convenientes, para que en el más breve plazo posible, se atienda nuestra justa petición.

Señor Presidente, finalmente, solicitamos a usted, nos conceda Audiencia Presidencial, por breves momentos, a fin de expresarle, en nuestra condición de ciudadanos peruanos, el saludo respetuoso de nuestra Asociación Nacional.

Señor Presidente, a la espera de sus gratas órdenes, quedamos de usted reiterándole nuestra más alta estima institucional y personal.

Muy Atentamente.

p. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL - ANPPERU

Fdo.

AURELIO OLAECHEA ARANZA
Presidente

HECTOR GONZALES HERNANDEZ
Sec. de Defensa

SIGIFREDO AUGUSTO SILVA RAMIREZ

Sec. de Organización

JORGE BOHORQUEZ ANAYA

Sec. de Prensa y Difusión

SUSANA REVILLA DE MORENO
Sec. de Asistencia Social

VICTOR FLORES ASCANOA
Sec. de Cultura

AURELIO ROJAS MACEDO

Sec. de Disciplina

FAUSTO VELITA CONDOR

Sec. de RR.EE.

Dr. GUSTAVO MARATUECH DONAYRE

Abogado, Reg. CAL 14971

Adjuntamos: Cumplimos con adjuntar 1ra. Relación de asociados a ANPPERU, que respaldan, con su firma, el Pliego de Peticiones 2011.

PLIEGO DE PETICIONES 2011 - ANPPERU

Pliego de Peticiones 2011, que presenta la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú – ANPPERU al señor OLLANTA HUMALA TASSO, Presidente Constitucional de la RepublIca del Perú.

1. DEMANDAS FUNDAMENTALES:

1.1 CANCELACION PRIORITARIA DE LA DEUDA INTERNA, 42 MIL MILLONES DE DOLARES, QUE EL ESTADO DEL PERU ADEUDA AL FONDO DE RESERVA CONSOLIDADO DEL D.L. 19990 - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES, DESDE LA DECADA DE LOS OCHENTA.

1.2 CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LAS LEYES N°s 23908 Y 25048, EN OBSERVANCIA A LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA CONTENIDA EN LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXP. Nº 0703-2002-AC/TC, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002, POR CONSIGUIENTE, SE FIJE LA PENSION MINIMA O INICIAL DE JUBILACION, INVALIDEZ Y VIUDEZ, EN UNA SUMA EQUIVALENTE A TRES (03) REMUNERACIONES MINIMAS VITALES VIGENTES, HACIENDOSE EXTENSIVO ESTE BENEFICIO A LOS MAS DE 550 MIL PENSIONISTAS DEL D.L. N° 19990 Y D.L. N° 18846.

1.3 CANCELACION DE DEVENGADOS, INTERESES LEGALES E INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR LOS MAS DE 26 AÑOS DE ARBITRARIO E INJUSTO INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°s 23908, 25048, ASI COMO EL VIOLENTO DESACATO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. Nº 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

1.4 DEROGATORIA INMEDIATA DEL ANTICONSTITUCIONAL E ILEGAL DECRETO SUPREMO Nº 150-2008-EF, Y NULIDAD DE LA ABERRANTE SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - EXP. Nº 5189-2005-PA/TC DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2005, EN EL EXTREMO QUE DESCONOCE EL INSTITUTO DE LA COSA JUZGADA AL PRETENDER ANULAR LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2002.

1.5 RESPETO ABSOLUTO A NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS, QUE TIENEN EL CARACTER DE IRRENUNCIABLES, INAMOVIBLES, IRREVOCABLES E IMPRESCRIPTIBLES.

2. DEMANDA URGENTE:

2.1 DESTITUCION INMEDIATA DEL JEFE DE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP, (QUE SE LE IMPIDA SU SALIDA DEL PAIS), POR SER EL PRINCIPAL RESPONSABLE DEL MAS GRANDE CAOS Y DESPILFARRO DE ESTA ENTIDAD, ASI COMO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 23908 Y CRUEL INSPIRADOR DEL ILEGAL Y NEFASTO DECRETO SUPREMO N° 150-2008-EF, QUE PRETENDE DESCONOCER NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS, AL AMPARARSE EN LA IRRITA Y CONTRADICTORIA SENTENCIA 5189-2005-PA/TC DEL 6-12-2005.

3. DEMANDAS ECONOMICAS

3.1 APROBACION DE LA Escala Unica del Sistema Nacional de Pensiones, FIJANDO LA PENSION INICIAL EN UNA SUMA EQUIVALente a TRES (03) REMUNERACIONES MINIMAS VITALES y LA máximA DIEZ (10) Remuneraciones Mínimas Vitales, VIGENTES A LA FECHA DE CADA PAGO, Debiendo, MERITUARSE PRINCIPALMENTE, los años de aportaciones a la Seguridad Social y la edad del pensionista

3.2 aplicación DE OFICIO Y PAGO DE LA “Bonificación por Edad Avanzada” a partir de los 70 años de edad, para hombres y mujeres, en el orden del 25% de la pensión total mensual, debiendo INCLUIRSE EN ESTE 25%, los montos de las pensiones adicionales o gratificaciones de los meses de julio y diciembre de cada año, asi como cualquier otro beneficio creado o por crearse.

3.3 AUMENTO DEL 100% DEL MONTO DEL FONAHPU Y SE HAGA EXTENSIVO A TODOS LOS PENSIONISTAS SIN EXCEPCION, CON EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS SUMAS DEJADAS DE ABONAR, DESDE LA FECHA DEL VIOLENTO CIERRE DEL PADRON FONAHPU.

3.4 NULIDAD DESDE EL MES DE ENERO 2011, del descuento MENSUAL del 4% del monto de las pensiones DE JUBILACION, INVALIDEZ Y VIUDEZ, a los que han aportado durante mas de 30 años a la Seguridad Social.

4. DEMANDA CONSTITUCIONAL

4.1 REESTRUCTURACION INTEGRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL – ONP, en toda su estructura burocratica y su nefasta politica de tercerizacion Y JUDICIALIZACION DE TODOS LOS RECLAMOS, DEBIENDO CONSTITUIRSE UN “COMITE DE ADMINISTRACION – ONP”, QUE LO INTEGREN TRES REPRESENTANTES DE ANPPERU, ASI COMO DE OTRAS ASOCIACIONES DE PENSIONISTAS, ELEGIDOS DEMOCRATICAMENTE, COMO VERDADERA GARANTIA FISCALIZADORA Y EN DEFENSA DE LOS SAGRADOS INTERESES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

5. DEMANDA TRIBUTARIA:

5.1 EXONERACION, DESDE EL MES DE ENERO 2011, DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, CREADOS O POR CREARSE, A LOS PENSIONISTAS DEL D.L. Nº 19990 Y D.L. Nº 18846.

6. DEMANDAS DE ATENCION Y CUIDADOS DE LA SALUD

6.1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO QUE BRINDA ESSALUD A LOS PENSIONISTAS Y SUS FAMILIARES, Y CONSTRUCCION DE 20 CLINICAS GERIATRICAS, EN EL NORTE, ORIENTE, CENTRO Y SUR DEL PAIS, DOTANDOLAS DE MODERNISIMO INSTRUMENTAL MEDICO, PERSONAL ALTAMENTE PROFESIONAL, MEDICAMENTOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA ATENCION DE LAS DOLENCIAS PROPIAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

6.2 CONSTITUCION DE UN “COMITE DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE ESSALUD”, QUE SEA INTEGRADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES, TRABAJADORES Y TRES REPRESENTANTES DE ANPPERU.

7. CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LA LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.

7.1 CONSTITUCION DE UNA “COMISION ESPECIAL” EN EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - MIMDES, CON LA PARTICIPACION DE TRES REPRESENTANTES DE ANPPERU, CON EL PROPOSITO DE ELABORAR REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS NACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LA LEY Nº 28803, LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Lima, junio 2011.

A Y U D A M E M O R I A

Estos puntos son:

1. LAS LEYES Nºs 23908 y 25048, ASI COMO LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DEL ILUSTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RECAIDA EN EL EXP. Nº 0703-2002-AC/TC, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002, HAN RECONOCIDO DERECHOS A LOS PENSIONISTAS DEL D.L. Nº 19990 Y D.L. Nº 18846.

2. EL UNIVERSO DE BENEFICIARIOS QUE SEÑALAN ESTAS DISPOSICIONES ABARCA A TODOS LOS PENSIONISTAS QUE ALCANZARON EL “PUNTO DE CONTINGENCIA”, HASTA ANTES DEL 23 DE ABRIL DE 1996. (ANPPERU VIENE SOLICITANDO QUE, EN SU OPORTUNIDAD, POR ANALOGIA, EQUIDAD Y JUSTICIA SE HAGA EXTENSIVO ESTE BENEFICIO A LA TOTALIDAD DE LOS PENSIONISTAS DEL D.L. Nº 19990 Y D.L. Nº 18846). SEA CUAL FUERE LA FECHA DE SU CESE.

3. EL SUELDO MINIMO VITAL FUE SUSTITUIDO INTEGRAMENTE POR EL INGRESO MINIMO LEGAL Y ESTE, A SU VEZ POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL, QUE A PARTIR DEL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 1992, FUE FIJADA EN LA SUMA DE S/. 72.00 NUEVOS SOLES, A LA FECHA ASCIENDE A S/.600.00 NUEVOS SOLES.

4. EL ART. 4to, DE LA LEY Nº 23908, ORDENA EL REAJUSTE AUTOMATICO DE LAS PENSIONES CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL Y DE ACUERDO AL ALZA DEL COSTO DE VIDA.

5. EL NEFASTO D.L. Nº 25967, EN NINGUNO DE SUS ARTICULOS DEROGA LA LEY Nº 23908, ES MAS, ESTA NORMA SE REFIERE AL TOPE DE LAS PENSIONES Y NO A LA PENSION MINIMA. ESTA NORMA NO ES DE APLICACIÓN A LOS QUE ALCANZARON EL DERECHO A GOZAR DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908.

6. LA SENTENCIA 5189-2005-PA/TC DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005, SOLO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE SE JUBILEN A PARTIR DE ESTA FECHA, DE NINGUNA MANERA PARA LOS QUE SE JUBILARON CON ANTERIORIDAD, A ELLOS Y SOLO A ELLOS, SE LES DEBE APLICAR, DE PLENO DERECHO LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

7. EL ANTICONSTITUCIONAL E ILEGAL D.S. Nº 150-2008-EF, DEL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008, NO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE ALCANZARON EL PUNTO DE CONTINGENCIA ANTES DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 1996.

ALGUNAS PRECISIONES:

En efecto, las Leyes Nºs 23908 y 25048, han reconocido a los pensionistas de jubilación, invalidez y viudez afectos al D.L. Nº 19990 (y por analogía a los del D.L. Nº 18846), una serie de beneficios, los mismos que han sido incorporados a su patrimonio y por tanto, son irrenunciables, inamovibles, irrevocables e imprescriptibles, según el Art. 57 de la Carta Magna del año 1979.

Estos beneficios deben continuar abonándose, en forma VITALICIA, no obstante, se pueda afirmar que la Ley Nº 23908 fue derogada (supuesto negado), el 23 de abril del año 1996 o antes.

La Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 0703-2002-AC/TC, su fecha 27 de diciembre del año 2002, al declarar fundada la demanda de la Asociación Nacional de Pensionistas, ha ordenado se aplique la Ley Nº 23908 a todos los pensionistas que alcanzaron el punto de contingencia antes del 23 de abril del año 1996. ESTA SENTENCIA, HA PASADO EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA Y CONSTITUYE JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO.

Cabe resaltar, que LOS DERECHOS ADQUIRIDOS SON IRRENUNCIABLES, POR TANTO, VITALICIOS, AUN EN EL CASO QUE LAS LEYES QUE LOS HAYAN OTORGADO FUESEN DEROGADAS.

BASE LEGAL EN QUE AMPARAMOS ESTA SUSTANCIAL PRETENSION:

1. Constitución Política del Perú del año 1979, Art. 57, de aplicación, por razones de temporalidad

2. Sentencia emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su fecha 27 de diciembre del año 2002, recaída en el Exp. Nº 0703-2002-AC/TC.

3. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, su fecha 14 de marzo del año 2008, recaída en el Exp. Nº 0751-2007-PA/TC.

4. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. 007-I/96, su fecha 23 de abril del año 1997.

5. Informe de la Defensoría del Pueblo Nº DP/AE -2003-072, su fecha 04 de noviembre del año 2003, sobre la Ley Nº 23908.

6. Informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Nº 335- 2005-MTPE/OAJ-OAAL(113/225/2005), la Ley Nº 23908 debe aplicarse según el valor del SUELDO MINIMO VITAL, INGRESO MINIMO LEGAL O REMUNERACION MINIMA VITAL.

7. Sentencia emitida por el Ilustre Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 1713-2004-AA/TC, su fecha 30 de noviembre del año 2004.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia del 27 de diciembre del año 2002, recaída en el Exp. Nº 0703-2002-AC/TC, señala que la Ley Nº 23908, deberá aplicarse a todos los pensionistas que alcanzaron el PUNTO DE CONTINGENCIA hasta antes del 23 de abril del año 1996, fecha en la cual entró en vigencia el D.L.Nº 817-96.

El punto de contingencia, según lo sostiene, el propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia recaída en el Exp. Nº 1713-2004-AA/TC, del 30 de noviembre del año 2004, es aquel, en el cual el trabajador alcanza los requisitos de años de edad y años de aportes completos a la Seguridad Social, para tener derecho a percibir pensión, SIENDO IRRELEVANTE QUE CONTINUE LABORANDO Y APORTANDO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

En consecuencia, según el Tribunal Constitucional, para los efectos de aplicar la Ley Nº 23908, debe tenerse en cuenta únicamente la fecha del “punto de contingencia” y no la fecha del “cese de actividades laborales”.

Además, debe tenerse presente que las normas legales que deben aplicarse para los efectos pensionarios, son aquellas que se encontraban vigentes a la fecha en la cual el trabajador alcanzó el punto de contingencia, pues, se trata de derechos adquiridos que no pueden ser conculcados.

En este extremo, merece mencionarse que La nueva y errada decisión del Tribunal Constitucional de modificar el universo de beneficiarios de la Ley Nº 23908, fijandolo SOLO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, FECHA EN QUE ENTRO EN VIGENCIA EL D.L. Nº 25967, NO RESISTE EL MENOR ANALISIS LOGICO - JURIDICO, pues, ESTA NORMA no REGULA en ninguno de sus artículos, SOBRE la pensión inicial o mínima, AL contrario, se refiere a lA PENSION MAXIMA O TOPES.

Además, con posterioridad, es decir en el año 2008, el propio Tribunal Constitucional, emite la Sentencia recaída en el Exp. Nº 0751-2007-PA/TC, su fecha 14 de marzo del año 2008, mediante la cual señala que para aplicar la Ley Nº 23908, se debe tener presente la jurisprudencia contenida en la Sentencia 0703-2002-AC/TC, su fecha 27 de diciembre del año 2002. QUE TAL CONTRADICCION.

La pensión mínima o inicial, según la Ley Nº 23908, debe fijarse en una suma equivalente a tres Sueldos Mínimos Vitales o sus sustitutorios.

Los únicos sustitutorios del Sueldo Mínimo Vital, han sido el Ingreso Mínimo Legal y la Remuneración Mínima Vital.

El Instituto Peruano de Seguridad Social - IPPS, en el año 1984, ha iniciado la aplicación de la Ley Nº 23908, pagando los tres mínimos en cada oportunidad que iba aumentando el mínimo vital.

Así podemos reseñar la Directiva Nº 004-GC-POP-IPSS-84, emitida por el IPSS, cuya finalidad fue establecer las normas administrativas para la nivelación de las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, en cumplimiento al Art. 6º de la Ley Nº 23908.

De la misma manera, glosamos, entre otras, la Carta Nº 667-DNP-GCSI-IPSS-91, su fecha 17 de abril del año 1991, donde se acredita que el IPSS aplicó los Arts. 1º y 4to. de la Ley Nº 23908, reajustando las pensiones iníciales o mínimas a la totalidad de pensionistas, en cada oportunidad que iba variando el Sueldo Mínimo Vital, asimismo, reajustaba esta pensión mínima, con periodicidad trimestral de acuerdo al alza del Costo de Vida, hasta que abruptamente, sin motivación legal, despojo de este derecho a los pensionistas a partir del año 1989.

En el año 1986, ya el Gobierno había instituido el denominado INGRESO MINIMO LEGAL, posteriormente por Ley Nº 24634, del 30 de diciembre del año 1986, señalaba que en un plazo de TRES AÑOS el antiguo SUELDO MINIMO VITAL igualaría al INGRESO MINIMO LEGAL.

Es así, que en el año 1990, el Gobierno instituye la REMUNERACION MINIMA VITAL, con posterioridad por DECRETO SUPREMO Nº 054-90-TR y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 091-92-TR, señala que el INGRESO MINIMO LEGAL SERA SUSTITUIDO INTEGRAMENTE POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

Seguidamente, por Decreto Legislativo Nº 650-91, del 24 de junio del año 1991, se establece que a partir del 1 de enero del año 1992, TODOS LOS CONCEPTOS EXISTENTES A DICHA FECHA: SALARIO MINIMO, SUELDO MINIMO, COSTO DE VIDA, MOVILIDAD, BONIFICACIONES, ETC., SE INTEGRAN A LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

El Decreto Supremo Nº 003-92-TR, señala que a partir del 09 de febrero del año 1992, EL UNICO CONCEPTO QUE EXISTE ES LA REMUNERACION MINIMA VITAL Y SU VALOR SERA DE S/. 72.00 NUEVOS SOLES.

La Sentencia Nº 0703-2002-AC/TC, del 27 de diciembre del año 2002, precisa que se debe fijar la PENSION INICIAL O MINIMA, en una suma equivalente a TRES SUELDOS MINIMOS VITALES O SUS SUSTITUTORIOS.

Aquí cabe mencionar el VOTO SINGULAR del excelente Magistrado Dr. MAGDIEL GONZALES OJEDA, cuando señala que el único sustitutorio del SUELDO MINIMO VITAL ERA LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

Cumplimos con reproducir íntegramente el VOTO SINGULAR del Dr. GONZALES OJEDA, que constituye parte constitutiva de la Magistral Sentencia 0703-2002-AC/TC, su fecha 27 de diciembre del año 2002, donde afirma en forma previsora y visionaria que:

VOTO SINGULAR DEL DR. MAGDIEL GONZALES OJEDA, CONTENIDO EN LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, SU FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

“…. EL CONCEPTO DE “SUELDO MINIMO VITAL” DEBIA ENTENDERSE SUSTITUIDO POR EL DE “REMUNERACION MINIMA VITAL” Y NO APELARSE A FORMULAS UN TANTO GASEOSAS COMO EL “DE LOS MINIMOS VITALES SUSTITUTORIOS”, QUE NO SOLO NO EXISTEN, SINO QUE, NUEVAMENTE, SE PRESTA A SER TERGIVERSADO O MANIPULADO POR PARTE DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS. EN EFECTO, POR UN LADO, EL REGIMEN SUSTITUTORIO DEL “SUELDO MINIMO VITAL” ES LA “REMUNERACION MINIMA VITAL” Y NADA MAS; Y, DE OTRO, CUANDO SE ALUDE A LA EXISTENCIA DE UNOS MINIMOS VITALES SUSTITUTORIOS, PARECIESE DARSE A ENTENDER QUE, DENTRO DE LA “REMUNERACION MINIMA VITAL”, LA ADMINISTRACION DEBERIA DESGLOSAR CIERTOS RUBROS Y CONSIDERAR QUE ELLOS, Y NO SU TOTALIDAD, TIENEN EL CARACTER DE PENSIONABLE. DESDE LUEGO, NO ES ESE EL SENTIDO NI DE LOS FUNDAMENTOS NI DEL FALLO DE LA SENTENCIA”.

De otro lado, el Ilustre Tribunal Constitucional en su Sentencia recaída en el Exp. Nº 1315-2000-AA/TC, su fecha 15 de mayo del año 2002, declara FUNDADA una demanda, ORDENANDO SE ABONE EL SEGURO DE VIDA DE LAS VIUDAS DE LOS PNPs, CAIDOS EN SERVICIO, EN LA SUMA DE 600 REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, NO OBSTANTE QUE LA LEY QUE LES OTORGO ESTE DERECHO EN EL AÑO 1987, SEÑALABA QUE SE DEBE PAGAR 600 SUELDOS MINIMOS VITALES. (EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN ESTE CASO Y CON TODA JUSTICIA, RECONOCE EN FORMA EXPRESA QUE EL SUELDO MINIMO VITAL FUE SUSTITUIDO POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL).

Asimismo, el propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia recaída en el Exp. Nº 716-00-AA/TC, declara FUNDADA una demanda ordenando que se abone el beneficio de PALMAS MAGISTERIALES, en base a la Remuneración Mínima Vital vigente, A PESAR QUE LA LEY OTORGÓ ESTE BENEFICIO EN BASE AL SUELDO MÍNIMO VITAL, entre sus valiosos fundamentos el Tribunal Constitucional señala:

"DEBE RESALTARSE QUE DE ACUERDO CON LA DECIMOQUINTA DISPOSICION TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 650 Y EL ART. 1º DE LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 091-92-TR, SE DETERMINO QUE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, EL INGRESO MINIMO LEGAL, LA BONIFICACION POR MOVILIDAD Y LA BONIFICACION SUPLEMENTARIA ADICIONAL, SE CONSIDERARAN COMO UN SOLO CONCEPTO DENOMINADO REMUNERACION MINIMA VITAL”.

ES EVIDENTE, QUE EN LOS CASOS ANTES REFERIDOS (Y QUIEN SABE EN MUCHOS MAS), EN FORMA CLARA, PRECISA Y DEFINITIVA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, HA SEÑALADO QUE EL SUELDO MINIMO VITAL FUE SUSTITUIDO PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL, SEGÚN EL D.L. Nº 650-91 Y LA R.M. Nº 091-92-TR.

SORPRENDENTEMENTE, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOLO EN EL CASO DE LA LEY Nº 23908, AFIRMA QUE EL SUELDO MINIMO VITAL NUNCA FUE SUSTITUIDO POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL. QUE TAL CONTRADICCION Y DISCRIMINACION.

DE OTRO LADO, LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, SEÑALA EN SU INFORME Nº DP/AE-2003-072, SU FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2003, QUE SE DEBE FIJAR LA PENSION MINIMA SEÑALADA EN LA LEY Nº 23908, DE ACUERDO A LA VARIACION DEL SUELDO MINIMO VITAL, INGRESO MINIMO LEGAL O REMUNERACION MINIMA VITAL.

DE IGUAL CRITERIO Y CON MAYOR CONTUNDENCIA, HA SIDO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL, EN SU INFORME Nº 335-2005-MTPE/OAJ-OAAL (113/225/2005), SU FECHA DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2005, YENDO AUN MAS LEJOS SEÑALA, CON TODA JUSTICIA, QUE SE DEBEN CONTINUAR APLICANDO LOS REAJUSTES SEÑALADOS EN LA LEY Nº 23908, EN FORMA VITALICIA, ES DECIR A PESAR QUE SE AFIRME QUE LA LEY Nº 23908 SE ENCUENTRE DEROGADA, DEBEN CONTINUAR ABONANDOSE ESTOS DERECHOS.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en su Oficio de fecha 27 de febrero del año 2003, dirigido por el Ex – Decano, señor Dr. Aníbal Torres Vásquez, al señor Jefe de la ONP, sobre la Ley Nº 23908, señala que debe aplicarse la Remuneración Mínima Vital.

De igual parecer, fue la opinión Jurídica, su fecha 1 de diciembre del año 2005, del Estudio Jurídico Torres y Torres Lara, cuando absuelve consulta de la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú, sobre la Ley Nº 23908.

El Colegio de Contadores Públicos de Lima, en su Oficio Nº 060-05-CPJC/CCPL, su fecha 17 de mayo del año 2005 y en profusos y definitivos Informes Periciales ha señalado que para aplicar la Ley Nº 23908, DEBE TENERSE EN CUENTA LA VARIACION EN EL TIEMPO, DEL SUELDO MINIMO VITAL, EL INGRESO MINIMO LEGAL O LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

AL RESPECTO NOS PERMITIMOS RECORDAR QUE, EN APLICACIÓN DE LA LEY Nº 23908, LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, HA ELABORADO LA SIGUIENTE TABLA (QUE HA SIDO ACTUALIZADA POR ANPPERU, CON LOS ULTIMOS REAJUSTES DEL VALOR DE LA RMV):

Base legal Remuneración Mínima Vital Ley Nº 23908

D.S. Nº 003-92-TR - S/. 72.00 - S/. 216.00
D.U. Nº 10-94 - S/. 132.00 - S/. 396.00
D.U. Nº 73-96 - S/. 215.00 - S/. 645.00
D.U. Nº 27-97 - S/. 265.00 - S/. 795.00
D.U. Nº 39-97 - S/. 300.00 - S/. 900.00
D.U. Nº 74-97 - S/. 345.00 - S/. 1,035.00
D.U. Nº 012-2000 - S/. 410.00 - S/. 1,230.00
D.U. Nº 022-2003 - S/. 460.00 - S/. 1,380.00
D.S. Nº 016-2005-TR - S/. 500.00 - S/. 1,500.00
D.S. Nº 022-2007-TR - S/. 550.00 - S/. 1,650.00
D.S. Nº 022-2010-TR - S/. 600.00 - S/. 1,800.00

4. EL ART. 4to, DE LA LEY Nº 23908, ORDENA EL REAJUSTE AUTOMATICO DE LAS PENSIONES CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL Y DE ACUERDO AL ALZA DEL COSTO DE VIDA.

Luego de aplicarse el Art. 1 de la Ley Nº 23908, es decir fijando la pensión mínima o inicial en una suma equivalente a tres Sueldos Mínimos Vitales, tres Ingresos Mínimos Legales o tres Remuneraciones Mínimas Vitales, según su variación en el tiempo, debe aplicarse el Art. 4º de esta Ley, que señala que debe reajustarse esta pensión con periodicidad trimestral, según el alza del Costo de Vida, para cuyo efecto debe tenerse en cuenta el Indice Oficial de Precios, que elabora y publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

A mayor y definitivo argumento jurídico, nos permitimos glosar la valiosa Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha 12 de agosto del año 1991, recaída en el Exp. Nº 2039-90, mediante la cual, se ha pronunciado en última y definitiva instancia, declarando Fundada la demanda de una Asociación de Jubilados, ordenando a la ONP, proceda a aplicar el Art. 4º de la Ley Nº 23908, es decir, se proceda a indexar las pensiones mínimas con periodicidad trimestral de acuerdo al alza del Costo de Vida que señala el INEI.

Como sabemos este tipo de Sentencias, constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria, por todas las Autoridades y Magistrados del país.

Los Derechos adquiridos son irrenunciables, irrevocables, inamovibles e imprescriptibles, según la Carta Política Fundamental del Estado.

Por mandato constitucional, ninguna Ley se puede aplicar en forma retroactiva.

Los derechos que han reconocido las Leyes Nºs 23908 y 25048, AL CONJUNTO DE PENSIONISTAS DEL PAIS, SON VITALICIOS. NINGUNA LEY Y MENOS UNA SENTENCIA PUEDE DESCONOCER LOS DERECHOS ADQUIRIDOS QUE GOZAN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

En este extremo nos permitimos glosar - en vía de simple ilustración - LA VALIOSA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SU FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO 1997, RECAIDA EN EL EXP. Nº 007-96-I/TC (ACUMULADO), QUE DECLARA FUNDADA UNA DEMANDA Y SEÑALA, ENTRE SUS VALIOSOS FUNDAMENTOS:

“…... DEBE TENERSE PRESENTE QUE LAS LEYES SON RETROACTIVAS, CUANDO SE APLICAN HACIA ATRÁS, CON EL OBJETO DE CAMBIAR SITUACIONES DEL PASADO; SI ESTA LEY PRETENDIERA RETIRAR LOS BENEFICIOS YA ADQUIRIDOS POR ALGUIEN EN EL PASADO, DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EFECTIVAMENTE GOZANDO Y LE EXIGIERA QUE DEVUELVA LO RECIBIDO EN EL PASADO, ESTARÍAMOS CLARAMENTE ANTE UN CASO DE INTOLERABLE RETROACTIVIDAD….”.

“QUIENES ESTÁN GOZANDO DE UNA PENSIÓN OTORGADA BAJO LA LEY ANTERIOR, CONTINÚAN DENTRO DE ESE RÉGIMEN”.

“EL DERECHO ADQUIRIDO ES INTOCABLE POR LEYES POSTERIORES, MIENTRAS QUE LA EXPECTATIVA TIENE QUE SOMETERSE Y ADAPTARSE A LA NUEVA LEGISLACIÓN”.

“QUIENES MANTENDRÁN SUS DERECHOS NACIDOS AL AMPARO DE UNA LEY ANTERIOR, AUNQUE LA MISMA HAYA SIDO DEROGADA O MODIFICADA POSTERIORMENTE”.

LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA LEY Nº 23908 Y LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, A LOS PENSIONISTAS DEL PAIS, HAN PASADO A FORMAR PARTE DE SU PATRIMONIO, Y POR TANTO, SON IRRENUNCIABLES, RAZON POR LA CUAL, NINGUNA LEY POSTERIOR PUEDE DESCONOCERLOS.

En todo caso, el D.L. Nº 25967, debe aplicarSE sólo a los asegurados que ALCANZARON EL PUNTO DE CONTINGENCIA A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992 Y DE NINGUNA MANERA A LOS QUE ALCANZARON SU DERECHO A PERCIBIR PENSION DE JUBILACION ANTES DEL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, A PESAR QUE HAYAN CONTINUADO LABORANDO Y APORTANDO A LA SEGURIDAD SOCIAL HASTA MUCHOS AÑOS DESPUES.

6. LA SENTENCIA 5189-2005-PA/TC DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005, SOLO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE SE JUBILEN A PARTIR DE ESTA FECHA, DE NINGUNA MANERA PARA LOS QUE SE JUBILARON CON ANTERIORIDAD, A ELLOS Y SOLO A ELLOS, SE LES DEBE APLICAR, DE PLENO DERECHO, LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

La Sentencia 0703-2002-AC/TC, del 27 de diciembre del año 2002, ordena que deben reconocerse y abonarse los beneficios de la Ley Nº 23908, a todos aquellos pensionistas que alcanzaron el punto de contingencia antes del 23 de abril del año 1996.

La Sentencia 0703-2002-AC/TC, ordena, asimismo, se fije la PENSION INICIAL en una suma equivalente a tres Sueldos Mínimos o sus sustitutorios.

Los únicos sustitutorios del Sueldo Mínimo fueron el Ingreso Mínimo Legal y la Remuneración Mínima Vital, según la Ley Nº 24634, el Decreto Supremo Nº 054-90-TR, la Resolución Ministerial Nº 091-92-TR, el Decreto Legislativo Nº 650-91, el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, el Decreto Supremo Nº 002-91-TR y el Decreto Supremo Nº 003-92-TR, entre otras normas sobre la materia.

La Sentencia 0703-2002-AC/TC, ordena, además, que la PENSION INICIAL, se reajuste con periodicidad trimestral, según el alza del Costo de Vida que fija el INEI.

La Sentencia 0703-2002-AC/TC, dispone que se continúe con el reajuste de las pensiones de acuerdo a la Ley Nº 23908, a pesar que se afirme que esta norma legal fue derogada el 19 de diciembre del año 1992, por el Decreto Ley Nº 25967.

Sorpresivamente, el Tribunal Constitucional, emite una nueva Sentencia la recaída en el Exp. Nº 5189-2005-PA/TC del 06 de diciembre del año 2005, QUE PRETENDE, EN LOS HECHOS, DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002. VIOLANDO SU PROPIA JURISPRUDENCIA.

Es por ello, que afirmamos, que la contradictoria y aberrante Sentencia 5189-2005-PA/TC, de 06 de diciembre del año 2005, NO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE ALCANZARON SU DERECHO A PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908, ANTES DE LA DACION DE ESTA SENTENCIA.

A estos pensionistas, SE LES DEBE APLICAR LA JURISPRUDENCIA CONTENIDA EN LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

7. EL ANTICONSTITUCIONAL E ILEGAL D.S. Nº 150-2008-EF, DEL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008, NO ES DE APLICACIÓN PARA LOS PENSIONISTAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LOS ALCANCES DE LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC.

El Art. 1º del Decreto Supremo Nº 150-2008-EF, ordena que se deben aplicar los beneficios de la Ley Nº 23908, debiendo tener presente la jurisprudencia contenida en la Sentencia 5189-2005-PA/TC, su fecha 06 de diciembre del año 2005, lo cual implica violentar el derecho de los pensionistas que antes de la emisión de la Sentencia 5189-2005-PA/TC, habían ya adquirido su derecho a percibir pensión de jubilación, bajo los alcances de la Ley Nº 23908, los mismos que se encuentran amparados por la Sentencia 0703-2002-AC/TC del año 2002.

Aplicar violentamente el Decreto Supremo Nº 150-2008-EF a todos los pensionistas, tal como lo viene haciendo la ONP, significa el despojo brutal de los derechos reconocidos a los pensionistas, la rebaja arbitraria del monto de la pensión mensual, la congelación de esta pensión, la no aplicación del reajuste trimestral, el pago de sumas irrisorias e insignificantes por concepto de devengados e intereses legales, entre otros aspectos, llegando al extremo de determinar DEUDAS POR SUPUESTOS PAGOS INDEBIDOS, que vienen siendo descontadas mensualmente hasta la fecha, a pesar que se encuentra en plena vigencia la Ley Nº 28110, que prohíbe cualquier tipo de recorte de las pensiones. (Casos de nuestros asociados que han ganado sus procesos judiciales y se les viene descontando sus pensiones: Robles Gonzales, Moreano Villafuerte, Dávila Schaeffer, Azaña Reyes, Guizado Nieto y otros).

D I S C R I M I N A C I O N

ES CONVENIENTE RESALTAR QUE SOLO EN EL CASO DE LA LEY Nº 23908, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – SORPRENDENTEMENTE - SEÑALA QUE EL SUELDO MINIMO VITAL NUNCA FUE SUSTITUIDO POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL, LLEGANDO AL EXTREMO DE CREAR UN “ARTIFICIO LEGAL NEFASTO“, CUANDO SEÑALA QUE SOLO PARA LOS EFECTOS DE APLICAR LA LEY Nº 23908, DEBE ENTENDERSE QUE EL INGRESO MINIMO LEGAL ESTUVO VIGENTE HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992 Y SU VALOR ERA S/. 12.00 NUEVOS SOLES.

DE ESTA MANERA, EL MAXIMO GUARDIAN DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA NACION E INTERPRETE DE LA CONSTITUCION POLITICA, DESCONOCE (O IGNORA), LA EXISTENCIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 003-92-TR, QUE ESTABLECE QUE A PARTIR DEL 9 DE FEBRERO DEL AÑO 1992, SOLO EXISTE LA REMUNERACION MINIMA VITAL Y SU VALOR ES DE S/. 72.00 NUEVOS SOLES.

SITUACION ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LA LEY Nº 23908

1. El 28 de julio del año 2008, es decir, 24 años después de haberse publicado, en el diario oficial “El Peruano” la Ley Nº 23908, y encontrándose en giro una denuncia contra el Estado del Perú, formulada el año 2005, por ANPPERU ante la CIDH, el señor Presidente de la República Dr. Alan García Pérez, en su Mensaje a la Nación, admite públicamente que, en efecto, no se había dado cumplimiento a la antigua Ley Nº 23908, y por tanto, emplazaba públicamente al Jefe de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, para que en un plazo de 100 días, proceda a aplicar la Ley Nº 23908 y abonar las sumas devengadas a los pensionistas que les corresponda.

2. Señaló textualmente, el Presidente Constitucional del Perú, que:

“... Y SÉ QUE ESTO LLAMARÁ LA ATENCIÓN EN MUCHOS HOGARES QUE SE SIENTEN DESATENDIDOS, MUCHÍSIMOS PENSIONISTAS SERÁN ATENDIDOS EN SU RECLAMO DE LA LEY 23908 POR SUS DEVENGADOS...”.

“... QUIERO ANUNCIAR QUE HE INSTRUÍDO A LA ONP, AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES, QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EN 100 DÍAS ESTUDIE UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA DESISTIRSE EN LOS PROCEDIMIENTOS E INTERPRETAR A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS EN LITIGIO JUDICIAL EN LOS CASOS EN QUE RESULTE EVIDENTE SU DERECHO, PERO CUIDANDO QUE NO SE BENEFICIEN LOS MALOS ABOGADOS, LOS TRAMITADORES Y LOS FALSIFICADORES QUE ABUNDAN Y DEFRAUDAN AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. ASÍ LA ONP PODRÁ PAGAR LOS DEVENGADOS DE LA MAYORÍA DE VIEJOS Y TRABAJADORES JUBILADOS SIN INCURRIR EN MALVERSACIÓN O PONER EN PELIGRO LOS FONDOS DE LA ONP QUE PERTENECEN A TODOS LOS PENSIONISTAS. ES UN ACTO DE JUSTICIA SOCIAL Y DESDE AQUÍ RECLAMO A TODOS SU COLABORACIÓN PARA LLEVAR TRANQUILIDAD Y ALEGRÍA A LOS HOGARES DE TANTOS VIEJOS...”.

3. El 10 de diciembre del año 2008, el Estado del Perú, emite el Decreto Supremo Nº 150-2008-EF, mediante el cual ordena – tras 24 años - se inicie el cumplimiento de la Ley Nº 23908, pero, ordenando que debe tenerse presente la jurisprudencia contenida en la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 5189-2005-PA/TC, su fecha 6 de diciembre del año 2005.

4. Con fecha 29 de marzo del año 2009, el Estado del Perú, emite el Decreto Supremo Nº 077-2009-EF, mediante el cual autoriza la cancelación de las sumas devengadas, derivadas de la aplicación de la Ley Nº 23908, en una sola armada.

5. En el mes de noviembre del año 2008, el Estado del Perú, señalaba que se les abonaría los devengados a 105,245 pensionistas, a quienes se les mejoraría la PENSION MENSUAL en una suma promedio de S/. 33.33 Nuevos Soles, abonándoles como DEVENGADOS un monto promedio de S/. 9,360.30 Nuevos Soles, lo cual significaba un Gasto total de S/. 985 Millones de Nuevos Soles, según se puede apreciar en el Oficio Nº 221-2008-JF/ONP, su fecha 26 de noviembre del año 2008, dirigido por el Jefe de la ONP a la Presidencia del Consejo de Ministros y luego a la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú - ANPPERU.

6. En su última versión, Informe Nº 189-2009-JUS/PPES, el Estado del Perú, señala oficialmente que el beneficio de los devengados de la Ley Nº 23908, sólo alcanza a 95,440 pensionistas del D.L. Nº 19990, siendo el Gasto total 901 Millones de Nuevos Soles.

7. La ONP viene pagando, apresuradamente, sumas diminutas por concepto de devengados más interese legales, en aplicación del D.S. Nº 150-2008 - EF, y a la vez, viene exigiendo a los Jueces el archivamiento definitivo, de todos los procesos judiciales que versen sobre esta materia.

8. ANPPERU, por su parte ha señalado que las sumas que viene pagando ONP, son a cuenta de mayor suma y viene exigiendo se revisen estas Liquidaciones por el Pool de Peritos Contables de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la vez ANPPERU viene rechazando todas las pretensiones de la ONP, de archivar los miles de procesos judiciales, exigiendo que se continúen las causas hasta llegar incluso a la Corte Suprema de la República.

9. ANPPERU, se ha ratificado en todos sus extremos en la denuncia que contra el Estado del Perú, se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, por la más brutal violación de los Derechos Humanos de Personas Adultas Mayores. Esta denuncia, presentada el año 2005, se encuentra pendiente de atención.

A MANERA DE CONCLUSIONES PREVIAS:

1. POR IMPERIO DEL ART. 1º DE LA LEY 23908, SE DEBE FIJAR LA PENSION MINIMA O INICIAL – DE LOS PENSIONISTAS DEL D.L. Nº 19990 - EN UNA SUMA EQUIVALENTE A TRES SUELDOS MINIMOS VITALES, TRES INGRESOS MINIMOS LEGALES O TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, SEGÚN LA VARIACION DE ESTOS FATORES CON EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO.

2. ESTA FORMA DE REAJUSTE, POR SER DERECHO ADQUIRIDO, DEBE CONTINUAR APLICANDOSE HASTA LA FECHA, A PESAR QUE SE SOSTENGA QUE LA LEY Nº 23908 SE ENCUENTRE DEROGADA.

3. POR MANDATO DEL ART. 4º DE LA LEY Nº 23908, SE DEBE REAJUSTAR ESTA PENSION INICIAL O MINIMA CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL, TENIENDO EN CUENTA EL INDICE DEL COSTO DE VIDA QUE ELABORA CIENTIFICAMENTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI.

4. LOS TRES MINIMOS, COMO PENSION INICIAL, SE LES DEBE OTORGAR A TODOS LOS ASEGURADOS QUE ACREDITEN HABER ALCANZADO EL PUNTO DE CONTINGENCIA ANTES DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 1996.

5. ADEMAS, SI LOS ASEGURADOS ACREDITAN HABER ALCANZADO EL REFERIDO PUNTO ANTES DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1991, TENDRAN DERECHO AL REAJUSTE TRIMESTRAL POR COSTO DE VIDA.

6. PARA LOS EFECTOS DE CUMPLIR CON LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC Y APLICAR LA LEY Nº 23908, DEBE TENERSE PRESENTE QUE EL PUNTO DE CONTINGENCIA SE REFIERE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO REUNIO LOS REQUISITOS DE AÑOS DE EDAD Y AÑOS DE APORTES EXIGIDOS POR EL D.L. Nº 19990, PARA TENER DERECHO A PERCIBIR PENSION. ESTE PUNTO DEBE HABERSE ALCANZADO HASTA ANTES DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 1996 para tener derecho a PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908.

7. POR MANDATO DEL ART. 2º DE LA LEY Nº 23908, LA PENSION DE VIUDEZ EQUIVALE AL 100% DE LA PENSION QUE PERCIBIA EL TITULAR, ES DECIR TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES.

8. POR EQUIDAD Y JUSTICIA, EL BENEFICIO DE LA LEY Nº 23908, TAMBIEN ALCANZA A LOS PENSIONISTAS QUE VIENEN PERCIBIENDO LA DENOMINADA RENTA VITALICIA, NORMADA POR EL D.L. Nº 18846. (EL IPSS ASI LO DETERMINO EN EL AÑO 1984).

9. EN TODOS LOS CASOS QUE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP, RECONOZCA EL PAGO DE DEVENGADOS POR CONCEPTO DE PENSIONES NO PAGADAS, NECESARIA Y OBLIGATORIAMENTE DEBE RECONOCER Y PAGAR INTERESES LEGALES. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - EXP. Nº 5430-2006-PA/TC DEL 24 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2008). ADEMAS, DEBE RECONOCER EN SU OPORTUNIDAD, UNA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

10. HABIENDO EXISTIDO MALA INTERPRETACION PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 23908, QUE HA GENERADO DESCUENTOS ARBITRARIOS Y ABUSIVOS, LA ONP, DEBE DEJAR, EN EL DIA, SIN EFECTO ESTOS DESCUENTOS Y PROCEDER A LA DEVOLUCION DE LAS SUMAS DESCONTADAS A NUESTROS AFILIADOS Y A LOS PENSIONISTAS EN GENERAL. (LEY Nº 28110, ORDENA QUE SE ENCUENTRA PROHIBIDO CUALQUIER RECORTE DE LAS PENSIONES, SALVO QUE HAYA EXPRESO MANDATO JUDICIAL).

A CONFESION DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS.

UNA DE LAS PRUEBAS DE LA ACTUACION ILICITA, ABUSIVA, ARBITRARIA Y ATENTATORIA A LA DIGNIDAD DE LOS PENSIONISTAS Y VIOLACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA NACION, LA TENEMOS EN LA PROPIA DECLARACION DE LOS JERARCAS DE LA ONP, CONTENIDA EN EL “Informe de Evaluación Presupuestaria Agregada Anual del Sector Público – Año Fiscal 2004 – Tomo II – Julio 2005 (Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección Nacional de Presupuesto Público” (www.mef.gob.pe).

En este Documento Oficial del año 2004, queda en evidencia y al descubierto, la CONDUCTA IMPROPIA PROCLIVE AL DELITO de ciertos altos Funcionarios de la ONP, de algunos sujetos del Poder Judicial y ciertos elementos del Tribunal Constitucional, quien sabe en asociación ilícita, han procedido a despojar de sus DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS ADULTOS MAYORES A QUIENES POR MANDATO DE LA LEY, ESTABAN OBLIGADOS A PROTEGER Y AMPARAR, se afirma en este documento:

“…. CON RESPECTO AL INCREMENTO DE PROCESOS JUDICIALES DEL REGIMEN D.L. 19990, NUESTRA INSTITUCION HA CONSEGUIDO PROGRESIVAMENTE PRONUNCIAMIENTOS A FAVOR DE NUESTRA POSICION. CABE SEÑALAR QUE, EN LAS SENTENCIAS RECAIDAS EN LOS EXP. Nº 1816-2002-AA/TC Y Nº 2704-2002-AA/TC, SE HACEN PRECISIONES IMPORTANTES RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 23908, PREVALECIENDO LOS CRITERIOS QUE NUESTRA INSTITUCION MANEJA EN RELACION A DICHA NORMA. ESTOS AVANCES SE RESUMEN EN: LA RECONSIDERACION EN CUANTO A LA FECHA DE CONTINGENCIA, LA DIFERENCIA QUE ESTABLECE EL TRIBUNAL ENTRE REMUNERACION MINIMA VITAL Y SUELDO MINIMO LEGAL, LA REFERENCIA A LA PENSION MAXIMA Y LA ACLARACION RESPECTO A LA INDEXACION EN LAS PENSIONES, ENTRE OTROS ASPECTOS…”.

ESTAS DECLARACIONES DEL MAXIMO JEFE DE LA ONP, NO TENDRIAN MAYOR IMPORTANCIA, SI NO FUERA PORQUE ELLAS, ESCONDEN EL MAS BRUTAL DESPOJO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE MILES DE PENSIONISTAS, EN TORNO A LA LEY Nº 23908, EN EFECTO, EL JEFE DE LA ONP, ESTA RECONOCIENDO QUE HA VIOLENTADO EL INSTITUTO DE LA COSA JUZGADA, QUE HA LOGRADO (ALGO IMPOSIBLE), QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EMITA SENTENCIAS CONTRADICTORIAS (DE POR SI SOSPECHOSAS), QUE HA LOGRADO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, QUE SE APLIQUE RETROACTIVAMENTE EL D.L. Nº 26967, QUE SE DESCUENTE LAS PENSIONES AL HABERSE DETERMINADO “ADEUDOS IMAGINARIOS” A LA ONP, QUE SE REBAJE EL UNIVERSO DE BENEFICIARIOS, QUE SE DECLARE ILEGAL LA APLICACION DEL REAJUSTE AUTOMATICO TRIMESTRAL POR COSTO DE VIDA (ART. 4º LEY 23908), Y QUE CONTINUE LA APROPIACION ILICITA DE MILLONES DE NUEVOS SOLES A MILES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE SUPERAN LOS 70, 75 Y MAS AÑOS DE EDAD. ESTO ES LO QUE ESCONDEN LAS TEMERARIAS, ALTISONANTES Y TRIUNFALISTAS AFIRMACIONES DEL JEFE DE LA ONP.

ESTA SITUACION MERECE UNA SEVERISIMA Y TRANSPARENTE INVESTIGACION, PUES EL ABUSO Y LA BURLA A LA DIGNIDAD DEL ADULTO MAYOR Y LA TEMERARIA VIOLACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA NACION, ASI COMO EL DERROCHE, DESPILFARRO Y ROBOS, POR PARTE DE LA GENTE QUE MANEJO A SU ANTOJO LA ONP, NO PUEDEN QUEDAR IMPUNES.

ANEXOS: Cumplimos con acompañar, en vía de simple referencia, en fotocopias simples, los instrumentos siguientes:

1. Ley Nº 23908, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de setiembre del año 1984, Primer Gobierno del Arq. Belaunde.

2. Ley Nº 25048, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de junio del año 1989, bajo la firma del señor Dr. ALAN GARCIA PEREZ, actual Presidente Constitucional de la República.

3. Ejecutoria emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha 12 de agosto del año 1991, recaída en el Exp. Nº 2039-90.

4. Ejecutoria emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su fecha 27 de diciembre del Año 2002, recaída en el Exp. Nº 0703-2002-AC/TC (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de enero del año 2003). La suscriben siete Magistrados Titulares.

5. Valioso Fundamento de Voto, del honorable señor Magistrado del Tribunal Constitucional Dr. MAGDIEL GONZALES OJEDA (Exp. Nº 0703-2002-AC/TC).

6. Ejecutoria emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su fecha, 23 de abril del año 1997 (Exp. Nº 007-96-I/TC) (acumulado), que declara FUNDADA una demanda.

7. Directiva Nº 004-GC POP-IPSS-84, cuya finalidad fue establecer las normas administrativas para la nivelación de las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones en cumplimiento al Art. 6º de la Ley Nº 23908.

8. Carta Nº 667-DNP-GCSI-IPSS-91, su fecha 17 de abril del año 1991, donde queda acreditado que el IPSS aplicó el Art. 1º y 4to. de la Ley Nº 23908, reajustando la pensión inicial en cada oportunidad que iba variando el sueldo mínimo vital, asimismo el reajuste trimestral de acuerdo al alza del costo de vida.

9. Ley Nº 24634, su fecha 30 de diciembre del año 1986.

10. Informe Defensorial Nº DP/AE - 2003 - 072, su fecha 4 de noviembre del año 2003, que concluye señalando que para efectos de aplicar la Ley Nº 23908 debe tenerse presente el valor de la Remuneración Mínima Vital vigente a la fecha de pago.

11. Memorando Nº 146-2004-AAE, su fecha 25 de junio del año 2004 de la Defensoría del Pueblo.

12. Dictamen de la Oficina Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Informe Nº 335-2005-MTPE/OAJ-OOAL, su fecha 1 de abril del año 2005.

13. Ejecutoria emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su fecha 15 de mayo del año 2002, recaída en el Exp. Nº 1315-2000-AA/TC, que declara FUNDADA la demanda. SEGURO DE VIDA PNPs.

14. Ejecutoria emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 716-00-

AA/TC, que declara FUNDADA la demanda. PALMAS MAGISTERIALES MAESTROS.

15. Carta del Colegio de Abogados de Lima, su fecha 27 de febrero del año 2003, dirigida por el Ex - Decano Dr. Aníbal Torres Vásquez, al señor Jefe de la ONP, sobre la Ley Nº 23908.

16. Opinión Jurídica, su fecha 1 de diciembre del año 2005, mediante la cual el Estudio Jurídico Torres y Torres Lara absuelve consulta de la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú sobre la Ley Nº 23908.

17. Oficio Nº 060-05- CPJC/CCPL, su fecha 17 de mayo del año 2005, del Comité de Peritos Judiciales Contables del Colegio de Contadores Públicos de Lima.

18. Resoluciones emitidas por la ONP, en las cuales se acredita la aplicación de la Sentencia 0703-2002-AC/TC, PENSION INICIAL EN TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, S/. 216.00 Nuevos Soles, así como el pago de devengados por la suma promedio de 40 Mil Nuevos Soles, derivados de la aplicación de la Ley Nº 23908.

19. Resoluciones emitidas por la ONP, aplicando el D.S. Nº 150-2008-EF y la Sentencia 5189-2005-PA/TC, fijando en S/. 36.00 Nuevos Soles la PENSION INICIAL, así como la suma promedio de 8 Mil Nuevos Soles como devengados e intereses legales, derivados de la aplicación de la Ley Nº 23908.

20. Documentos que acreditan que la ONP viene efectuando arbitrarios e ilegales descuentos de las pensiones de numerosos pensionistas, por su errada interpretación de la Ley Nº 23908, no obstante estar vigente la Ley Nº 28110, que prohíbe cualquier tipo de recorte de las pensiones, incluso en el caso que se tratará de pagos indebidos.

21. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, su fecha 30 de noviembre del año 2004, recaída en el Exp. Nº 1713-2004-AA/TC.

22. Sentencia emitida por el Pleno Jurisdiccional del Ilustre Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 5430-2006-PA/TC, su fecha 24 de setiembre del año 2008, sobre el pago de Intereses Legales, jurisprudencia obligatoria.

23. Sentencia emitida por el Pleno Jurisdiccional del Ilustre Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 5561-2007-PA/TC, su fecha 24 de marzo del año 2010, que por primera vez denuncia públicamente la incapacidad y arbitrariedad del Jefe de la ONP y lo amenaza con solicitar su destitución.

24. RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JEFATURA DE LA ONP, MEDIANTE LA CUAL SE ACREDITA QUE SE VIENE PAGANDO, EN APLICACIÓN DE LA LEY Nº 23908, SOLO LA RIDICULA SUMA DE S/. 36.00 NUEVOS SOLES POR REMUNERACION MINIMA, ASI COMO 7 a 9 MIL NUEVOS SOLES POR DEVENGADOS MAS INTERESES LEGALES, EN ACATAMIENTO DEL NEFASTO D.S. Nº 150-2008-EF.

25. “Informe de Evaluación Presupuestaria Agregada Anual del Sector Público – Año Fiscal 2004 – Tomo II – Julio 2005 (Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección Nacional de Presupuesto Público” (www.mef.gob.pe).

DESPIDO ARBITRARIO DIRIGENTE SINDICAL

2011-07-25T00:11:00.003-05:00

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VULNERA DEL DEBIDO PROCESO Y L TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN SU FALLO: REVOCARON la sentencia apelada de fecha 27/05/2008 que declara fundada la demanda; REFORMANDOLA la declararon Infundada, sin costos ni costas.

Es el caso del dirigente sindical CESAR AUGUSTO ELIAS GARCIA, fue despedido en forma arbitraria sin causa, cuando laboraba para CIA. MINERA SAN MARTIN S.A. y solidariamente PERUN LING SRL, a consecuencia del despido arbitrario se interpone la demanda laboral por reposición a su centro de trabajo, ante la instancia judicial siendo declarada fundada su demanda en primera y segunda instancia, pero la demandada interpone recurso de Casación ante contra Primera Sala Transitoria de Lima, siendo elevado los autos a la Sala de Derecho Constitucional Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, la que declara fundado el recurso de casación, del cual se vulnera el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, lo que permitió interponer la demanda de acción de amparo contra la sentencia expedida por la Corte Suprema.

Quiero expresar mi FELICITACIÓN a los magistrados del Tribunal Constitucional por su valiosa sentencia que permite a la clase trabajadora, y reconocer que el dirigente sindical está INVESTIDO POR EL FUERO SINDICAL y, los trabajadores sindicalizados deben estar atento a las sentencias de la Corte Suprema, que en mucho casos vulneran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva al no valorar los medios probatorios que sustenta la demanda laboral, en este caso es evidente que se ha afectado los derechos laborales del dirigente sindical Cesar Augusto ELIAS GARCIA, quien debido a su perseverancia continuo con el proceso hasta acudir al Tribunal Constitucional logrando conseguir una sentencia fundada que a continuación la publicamos para el conocimiento de los trabajadores del Perú y a los gremios sindicales para que tengan en cuenta esta sentencia que es un criterio jurisprudencial del Interprete de la Constitución.

EL DECIMO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA: DECLARO IMPROCEDENTE LA DEMANDADA A CONTINUACION PUBLICAMOS PARTE DE LA APELACION DEL AUTO

ERROR DE HECHO (DERECHO) INCURRIDO EN LA RESOLUCION IMPUGNADA:
1. Su Judicatura no ha tenido en cuenta las sentencias de Primera y Segunda Instancia que confirma y declara fundada la demanda de Nulidad de Despido contra la CIA. MINERA SAN MARTIN S.A. y solidariamente PERUN LING SRL y se cumpla con reponer al recurrente en sus ocupaciones habituales, y a ambas codemandadas, que cumplan con abonarle las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento del despido hasta su reposición real y efectiva, incluido las mejoras remunerativas conseguidas en ese centro de trabajo por negociaciones colectivas por lo trabajadores de su régimen; por otro lado se dispone que cumplan las codemandadas con efectuar los depósitos de su CTS con sus intereses respectivo de acuerdo a ley, por lo conceptos detallados en las considerativas precedentes, con intereses legales, costas y costos.

2. La demandada CIA MINERA SAN MARTIN S.A. interpone el Recurso de Casación contra la sentencia emitida por la Primera Sala Transitoria de Lima, indicando a cuestionar la interpretación errónea de una norma de derecho materias: el artículo 14 del D. Leg. Nro. 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción, igualmente la inaplicación de normas de derecho material: el numeral 2 de la R.M. Nro. 480; el artículo 18 del D.S. Nro. 011-92-TR, el numeral 3 del artículo 27 de la Ley Procesal del Trabajo, el artículo del D.S. Nº 003-97-TR.

3. La SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, emite su FALLO: REVOCARON la sentencia apelada de fecha 27/05/2008 que declara fundada la demanda; REFORMANDOLA la declararon Infundada, sin costos ni costas.

4. COMO SE PUEDE OBSERVAR LA CORTE SUPREMA HA VULNERADO EL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA, TENIENDO EN CUENTA POR LO QUE DEBIO RESOLVERSE CONFORME LO INDICA EN SU VOTO DE DISCORDIA POR EL MAGISTRADO ALMENARA BRYSON Y TORRES VEGA, en su fundamento segundo que indica lo siguiente: “ Que, como se advierte del recurso casatorio la argumentación propuesta parte de un supuesto distinto a la base fáctica establecida en la sentencia de merito, donde se ha establecido que el cese del demandante NO SE PRODUJO POR CAUSAS OBJETIVAS POR LAS QUE FUE CONTRATADO (contrato intermitente), SINO QUE EXISTIO DESPIDO NULO PORQUE EL ACTOR SE ENCONTRABA INVESTIDO POR EL FUERO SINDICAL y, es en estor términos que debió partir el sustento del recurso casatorio, por lo que, al no haberse formulado en ese sentido deviene en IMPROCEDENTE.

Determinación del problema planteado en la controversia
5. El problema de la presente controversia reside en determinar si el acto de despido cuestionado resulta lesivo o no de los derechos fundamentales alegados por los demandantes. Implica, fundamentalmente, determinar si se ha afectado: a) la libertad de sindicación y, b) el derecho al trabajo, EN ESTE SENTIDO SE HA AFECTADO SU DERECHO CONSTITUCIONAL DEL RECURRENTE, NO TENIENDO EN CONSIDERACION LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA, VULNERANDO LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO. A continuación indicamos que mediante Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nro. 1124-2001-AA/TC de fecha 11 de julio del 2002, en su fundamento del 8 al 12 indica lo siguiente:

Libertad sindical
6. La Constitución reconoce la libertad sindical en su artículo 28º, inciso 1) Este derecho constitucional tiene como contenido esencial un aspecto orgánico, así como un aspecto funcional. El primero consiste en la facultad de toda persona de constituir organizaciones con el propósito de defender sus intereses gremiales. El segundo consiste en la facultad de afiliarse o no afiliarse a este tipo de organizaciones. A su vez, implica la protección del trabajador afiliado o sindicado a no ser objeto de actos que perjudiquen sus derechos y tuvieran como motivación real su condición de afiliado o no afiliado de un sindicato u organización análoga.

Desde luego, debe entenderse que lo anterior no conlleva a que el contenido esencial del citado derecho constitucional se agote en los aspectos antes relevados. Por el contrario, es posible el desarrollo de ulteriores concretizaciones o formas de proyección del citado derecho constitucional que, en principio, no pueden, como tampoco deben, ser enunciadas de manera apriorística. Los derechos constitucionales albergan contenidos axiológicos que, por su propia naturaleza, pueden y deben desarrollarse, proyectando su vis expansiva a través de remozadas y, otrora, inusitadas manifestaciones.

7. De conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los derechos constitucionales deben interpretarse dentro del contexto de los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano en la materia. Según esta norma, estos tratados constituyen parámetro de interpretación de los derechos reconocidos por la Constitución, lo que implica que los conceptos, alcances y ámbitos de protección explicitados en dichos tratados, constituyen parámetros que deben contribuir, de ser el caso, al momento de interpretar un derecho constitucional. Todo ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación directa que el tratado internacional supone debido a que forma parte del ordenamiento peruano (art. 55º, Const.).

8. El aspecto orgánico de la libertad de sindicación se halla reconocido expresamente en el artículo 2º del Convenio N.° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, precisando que consiste en "el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, (...)". Por otra parte, según el artículo 1º, inciso 2), literal "b", la protección del trabajador contra todo acto que menoscabe la libertad de sindicación se extiende también "contra todo acto que tenga por objeto" "despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales (...)" (cursiva de la presente sentencia).

9. En el presente caso, las personas que fueron despedidas por Telefónica del Perú S.A.A., son miembros del sindicato. Resulta coincidente que las personas con las que la mencionada demandada concluyó unilateralmente la relación laboral hayan sido precisamente las que conforman tanto el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y de la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú. Como se aprecia, es el criterio de afiliación sindical el que ha determinado la aplicación de la medida de despido. Por esta razón, el acto cuestionado lesiona el citado derecho constitucional en la medida que significa atribuir consecuencias perjudiciales en los derechos de los trabajadores por la sola circunstancia de su condición de afiliado a uno de los mencionados sindicatos. Más concretamente, en este caso, se trató de la lesión de la libertad de sindicación al haberse procedido al despido de personas que tienen la condición de afiliados a los sindicatos antes mencionados; circunstancia que implica la vulneración al citado derecho constitucional, conclusión que resulta clara cuando se tiene en cuenta el contenido de éste a partir o conforme lo establecido por el citado Convenio sobre libertad sindical.

sentencia publicada en la pag. web del TC el 21.07.11

EXP. N.° 03736-2010-PA/TC
LIMA
CÉSAR AUGUSTO ELÍAS GARCÍA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 15 días del mes de julio de 2011, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Álvarez Miranda, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría en el que confluyen los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Urviola Hani, que se agrega; el voto singular del magistrado Vergara Gotelli y el voto también singular en el que convergen los magistrados Álvarez Miranda y Beaumont Callirgos, que se acompañan, los que establecieron un empate entre las posiciones resolutorias; y el voto finalmente dirimente del magistrado Calle Hayen, que también se agrega.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Elías García contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 187, su fecha 6 de julio de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Mediante demanda de fecha 15 de febrero de 2010 y escrito ampliatorio de fecha 25 de febrero de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se declare la nulidad de la Casación 3094-2009 LIMA, de fecha 22 de diciembre de 2009, que declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la Compañía Minera San Martín S.A., revocó la sentencia de segundo grado que estimaba la demanda de nulidad de despido del recurrente y la declaró infundada; y que, en consecuencia, se ordene su reposición en su puesto de trabajo, con el abono de las remuneraciones dejadas de percibir, los intereses legales, las costas y los costos del proceso.

Refiere que fue despedido el 21 de agosto de 2006, por haber constituido el Sindicato de Trabajadores de la Compañía mencionada y haber desempeñado el cargo de secretario general, motivo por el cual interpuso una demanda de nulidad de despido que fue estimada en primer y segundo grado, por haberse comprobado que su despido era un acto de discriminación sindical, razón por la que considera que la casación cuestionada vulnera su derecho a la tutela procesal efectiva, por no haberse tenido en cuenta los medios de prueba actuados en el proceso laboral que acreditan que no tenía un contrato del régimen de construcción civil y que su despido estuvo motivado por el ejercicio de su derecho a la libertad sindical.

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 17 de febrero de 2010, declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante pretende una revisión de lo actuado en el proceso laboral de nulidad de despido.

El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona a la instancia y solicita copias certificadas de la demanda y del auto admisorio.

La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que la casación cuestionada no vulnera el derecho a la tutela procesal efectiva, por cuanto el demandante está cuestionando el criterio de los magistrados de la Sala Suprema emplazada.

Con fecha 1 de diciembre de 2010, San Martín Contratistas Generales S.A. (antes, Compañía Minera San Martín S.A.) presenta ante el Tribunal Constitucional un escrito para mejor resolver, señalando que si bien celebró con el demandante un contrato de trabajo intermitente, éste a pedido suyo fue variado por el régimen de construcción civil, razón por la cual la conclusión de los trabajos de construcción que realizaba originó su cese. Refiere que lo resuelto en la casación cuestionada por la Sala Suprema emplazada no afecta el derecho a la tutela procesal efectiva del demandante, pues ha valorado debidamente las pruebas actuadas en el proceso laboral.

FUNDAMENTOS

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Casación 3094-2009 LIMA, de fecha 22 de diciembre de 2009, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, obrante de fojas 32 a 45, que resolvió declarar:

“(…) FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la Compañía Minera San Martín Sociedad Anónima (…); en consecuencia CASARON la Sentencia de Vista su fecha veinticuatro de setiembre del dos mil ocho (…); y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintisiete de mayo del dos mil ocho (…) que declara fundada la demanda; REFORMÁNDOLA la declararon infundada (…)”.

En la demanda se alega que la casación mencionada vulnera el derecho a la tutela procesal efectiva, porque la Sala Suprema emplazada al momento de resolver el recurso de casación no ha tenido en cuenta el Registro Único de Contribuyente de Perú LNG S.R.L., que demuestra que “la actividad que realiza no es de construcción civil, sino de exportación de petróleo y gas natural”, ni el “convenio colectivo suscrito por las partes”, que acredita que el demandante era representante de los trabajadores, y que, por ende, se encontraba protegido por el fuero sindical.

2. Para comprender la real dimensión de la controversia, resulta conveniente enunciar sucintamente los hechos que originaron la casación que se cuestiona en el presente proceso, y que son los siguientes:

a) En el año 2006, el demandante entabló a la Compañía Minera San Martín S.A. (en adelante, San Martín) y a Perú LNG S.R.L. una demanda de nulidad de despido por discriminación sindical, solicitando que se ordene su reposición y el pago de las remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir. Para justificar la relación jurídico procesal, en la demanda se precisa que San Martín contrató al demandante para que trabaje en los proyectos de exportación de Perú LNG S.R.L.

b) En primer grado (Exp. N.º 183407-2006), la demanda de nulidad de despido fue estimada por el Sétimo Juzgado de Trabajo de Lima, mediante la Sentencia N.° 34-2008-7JTL, de fecha 27 de mayo de 2008, obrante de fojas 67 a 72, por considerar que en la fecha en que se produjo el despido del demandante, éste se encontraba protegido por el fuero sindical. Dicha decisión se justifica en tanto el Juzgado mencionado pudo comprobar que el demandante había constituido un Comité de Obra Sindical el 18 de junio de 2006, que “desarrolló una negociación colectiva de trabajo”, que “concluyó con la suscripción de un Convenio Colectivo de Trabajo” en la cual él participó como Secretario General de dicho Comité de Obra.

c) En segundo grado (Exp. N.º 6060-2008), la Primera Sala Transitoria de Lima mediante la sentencia de fecha 24 de diciembre de 2008, obrante de fojas 74 a 86, confirmó que el demandante había sido objeto de un despido nulo por discriminación sindical, pues a la fecha de su despido se encontraba protegido por el fuero sindical, ya que había sido “representante ante la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos”.

A diferencia de la sentencia de primer grado, en ésta se precisa que el demandante era un trabajador del régimen laboral privado (Decreto Legislativo N.° 728), por cuanto celebró con San Martín un contrato de trabajo intermitente y porque el cambio del régimen laboral privado al régimen laboral de construcción civil no se produjo, debido a que: a) no había surgido del acuerdo de voluntades concurrentes de las partes, es decir, que la modificación del régimen laboral fue una decisión unilateral de San Martín; y b) el Registro Único de Contribuyentes de Perú LNG S.R.L., al señalar que su principal actividad económica es la exportación de petróleo crudo y gas natural, determina que no pueda encontrarse dentro del ámbito de aplicación del régimen laboral de construcción civil.

3. Establecidos los hechos relevantes del proceso laboral de nulidad de despido, este Tribunal considera trascendente destacar la justificación por la cual la casación 3094-2009 LIMA, declaró fundado el recurso de casación. Así, tenemos que la ratio decidendi de la casación cuestionada se encuentra contenida en el noveno, décimo y decimo primer considerando que destacan que:

“Noveno.- (…) las instancias de mérito han determinado (…) que el demandante desarrolló sus labores en condición de trabajador de construcción civil (…).

Décimo.- Siendo esto así la recurrente mediante Memorando N° 001.06.ADM de fecha 19 de agosto de 2006 (…) comunica al demandante que por motivo del Término de la Actividad: de Trabajos de construcción de los campamentos, y del apoyo con los equipos de transportes de combustible; y del término de Racionalización de la Partida N° 01, procede a cesarlo.

Décimo Primero.- En consecuencia cabe concluir que el cese del actor no fue consecuencia de una decisión arbitraria del empleador, sino del cese de la necesidad temporal de contar con los servicios de un chofer de cisterna, labor para la cual se le había contratado; lo que es consustancial al desarrollo de actividades en el sector de construcción civil”.

4. Partiendo de los alegatos de la demanda, de los actos procesales enunciados del proceso laboral de nulidad de despido y de los considerandos transcritos supra, este Tribunal considera que la controversia se centra en dilucidar si la actuación de la Sala Suprema emplazada al expedir la Casación 3094-2009 LIMA, lesiona los derechos a la prueba, al debido proceso y a la libertad sindical.

Debe precisarse que, si bien la vulneración de este último derecho constitucional (libertad sindical) no se menciona en forma expresa en la demanda, el alegato de su vulneración se desprende de los argumentos de ella, en tanto se alega que la casación cuestionada desconoce la protección que el fuero sindical le brindaba al demandante para que no pudiera ser despedido.

Ahora bien, corresponde precisar que las instancias inferiores han incurrido en un error al momento de calificar la demanda, pues la han rechazado de plano sin justificar tal decisión en alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 5º del CPConst. y sin haber valorado en forma adecuada los argumentos de la demanda, toda vez que ella no tiene por finalidad cuestionar el criterio de la Sala Suprema emplazada, sino su comportamiento al momento de resolver la Casación 3094-2009 LIMA. Por lo tanto, debería revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse que se admita a trámite la demanda. No obstante ello, y en atención a los principios de celeridad y economía procesal, este Tribunal estima pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que en autos aparecen elementos de prueba suficientes que posibilitan un pronunciamiento de fondo, más aún si se tiene que el Procurador Público del Poder Judicial se apersonó ante las instancias judiciales inferiores (f. 142 y 168) y solicitó informar oralmente en segunda instancia –lo cual, pese a haber sido concedido, no se llevó a cabo (f. 186)- y que inclusive San Martín, que no es parte en este proceso, ha expuesto sus fundamentos sobre la pretensión demandada, lo que implica que su derecho de defensa ha sido ejercido.

5. Con relación al derecho a la prueba, debe recordarse que en la STC 6712-2005-HC/TC se precisó que uno de los contenidos de este derecho se encuentra constituido por el hecho de que las pruebas admitidas y actuadas dentro del proceso o procedimiento sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida.

En el presente caso, este Tribunal considera que la casación cuestionada vulnera el derecho a la prueba, pues como se ha puesto de manifiesto en el fundamento 3, supra, la Sala Suprema emplazada declaró fundado el recurso de casación porque consideró que el demandante era un trabajador del régimen laboral de construcción civil. Dicha conclusión pone de manifiesto que la Sala Suprema emplazada no valoró en forma adecuada el Registro Único de Contribuyentes de Perú LNG S.R.Ltda., ya que la información contenida en él es decisiva para determinar que el demandante no podía encontrarse sujeto al régimen laboral de construcción civil, pues la actividad económica que desempeña dicha Sociedad se encuentra fuera del ámbito de aplicación del régimen laboral de construcción civil.

Es más, en el noveno considerando transcrito de la casación cuestionada se incurre en una manifiesta irregularidad procesal al efectuar una aseveración que no se condice con el tenor del acto procesal que cita, pues en él se dice que “las instancias de mérito han determinado” que “el demandante desarrolló sus labores en condición de trabajador de construcción civil”. Si bien dicha conclusión se encuentra contenida en la sentencia de primer grado del proceso laboral, no sucede lo mismo con la sentencia de segundo grado, pues en esta última se enfatiza que el demandante se encontraba sujeto al régimen laboral privado y que la modificación de este régimen laboral no se produjo. Así, en el décimo fundamento de la sentencia de segundo grado se señala que:

“(…) la actividad económica principal de la codemandada PERÚ LNG S.R.L.: [es] la exportación de petróleo crudo y gas natural por lo que ese tipo de actividad no se encuentra comprendida en el ámbito de los contratos de construcción civil y es de naturaleza permanente (…) por lo que tampoco la demandada COMPAÑÍA MINERA SAN MARTÍN S.A., ni el demandante, podían modificar la naturaleza del contrato individual de trabajo intermitente (…)”.

Del párrafo transcrito se concluye que el noveno considerando de la casación cuestionada contiene una motivación aparente, porque la Sala Suprema emplazada, injustificadamente, omitió valorar en forma adecuada y correcta el Registro Único de Contribuyentes de Perú LNG S.R.Ltda. y, subjetivamente, afirmó un hecho que no se condice con lo afirmado en la sentencia de segundo grado del proceso laboral, ya que en ninguno de sus considerandos se concluye que el demandante ha sido un trabajador del régimen laboral de construcción civil.

Por lo tanto, este Tribunal estima que la Casación 3094-2009 LIMA ha vulnerado el derecho a la prueba, por haber omitido valorar en forma adecuada el Registro Único de Contribuyentes de Perú LNG S.R.Ltda., a pesar de la trascendencia del mismo en el sentido del fallo.

6. Con relación al derecho al debido proceso, debe recordarse que en la STC 2039-2007-PA/TC se destacó que “en el recurso de casación no se pueden valorar nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en primer y/o en segundo grado, pues su configuración normativa establece que tal recurso tiene por finalidad la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto”, ya que de suceder ello se afectaría el derecho en mención.

En el presente caso, la Sala Suprema emplazada modificó los hechos que habían sido considerados probados en segunda instancia y sobre los cuales se había efectuado una adecuada y correcta valoración, porque concluyó, en el noveno considerando transcrito de la casación cuestionada, que el demandante se encontraba sujeto al régimen laboral de construcción civil. Dicha conclusión, a decir de la Sala Suprema emplazada, se desprende de la sentencia de segundo grado, lo cual no se condice con el sentido de sus considerandos, pues, por el contrario, en ella los hechos fijados, calificados e interpretados generan la conclusión de que el demandante era un trabajador del régimen laboral privado.

Por esta razón, este Tribunal considera que la casación cuestionada ha vulnerado el derecho al debido proceso del demandante, en la medida que modificó la valoración de los hechos probados por la sentencia de segundo grado, consistente en que el demandante no era un trabajador del régimen laboral de construcción civil, sino del régimen laboral privado.

7. Con relación al derecho a la libertad sindical, es pertinente destacar que tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia del proceso laboral concluyeron como hecho probado que el demandante había sido despedido por discriminación sindical. En ellas se recoge y valora el hecho de que el demandante había participado como secretario general del Comité de Obra San Martín Minería y Construcción Perú LNG S.R.Ltda. y suscrito en tal condición un convenio colectivo, razón por la cual se declaró nulo su despido por discriminación sindical.

En efecto, del examen de los hechos probados por la sentencia de primera y segunda instancia del proceso laboral, se evidencia la existencia de indicios que, valorados en conjunto, demuestran que el demandante fue objeto de un despido nulo por discriminación sindical. Por dicha razón, este Colegiado juzga irrazonable que la Sala Suprema emplazada, al momento de resolver la Casación 3094-2009 LIMA, haya excluido estos hechos valorados y no haya tenido presente la protección que brinda el fuero sindical, pues en el proceso laboral se alegó que el despido del demandante era nulo porque en la fecha en que se produjo se encontraba protegido por el fuero sindical; sin embargo, la Casación 3094-2009 LIMA omite pronunciarse sobre ello, a pesar de haber sido un hecho calificado y probado por la sentencia de primera y segunda instancia, negando de este modo la tutela del derecho a la libertad sindical; y es que la Sala Suprema emplazada en el décimo segundo considerando de la casación cuestionada estima que el fuero sindical es un argumento de la demanda que se utiliza como “un mecanismo para desnaturalizar las relaciones de trabajo de duración determinada”.

Lo dicho por la Sala Suprema emplazada afecta la congruencia del proceso laboral de nulidad de despido, pues en él nunca se debatió como tema a decidir si el fuero sindical es, o no, un “mecanismo para desnaturalizar las relaciones de trabajo de duración determinada”, por el contrario, el thema decidendi era determinar si el demandante se encontraba, o no, protegido por el fuero sindical en la fecha de su despido; y vulnera también el derecho a la libertad sindical por haber desconocido la protección que brinda el fuero sindical y el cargo sindical que había tenido el demandante.

8. No pasa desapercibido para este Tribunal el carácter emblemático del caso de autos con relación al derecho a la libertad sindical que el Estado peruano se ha comprometido a proteger, al haber ratificado en 1948 y 1964, respectivamente, tanto el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) “Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” como el Convenio N.º 98 de la OIT “Relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva”. En ese orden de ideas, y en línea con la argumentación expuesta por la Defensoría del Pueblo en su condición de Amicus Curiae (f. 5 del cuadernillo del TC), debe valorarse la decisión del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT recaída en el caso número 2527 (f. 175 del cuaderno principal que, entre otros, está referido al demandante), en el cual se destaca el deber de los Estados de proteger adecuadamente a los trabajadores –y en especial a los dirigentes sindicales- contra los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo, tales como su despido.
9. Por las razones esgrimidas, debe estimarse la demanda y, en virtud de la finalidad restitutiva del proceso de amparo, la sentencia de la Primera Sala Transitoria de Lima que ha sido revocada por la Casación 3094-2009 LIMA debe mantener la calidad de cosa juzgada y, por ende, ser ejecutada en sus propios términos.
10. Según lo peticionado por el recurrente en su demanda de 15 de febrero del 2010 y escrito ampliatorio de 25 de febrero del 2010, resta emitir pronunciamiento respecto de las costas y costos exigibles en el presente proceso seguido en sede constitucional, razón por la cual cabe imponer a la parte emplazada el pago de costos, en atención a lo estipulado en el artículo 56º del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración de los derechos a la prueba, al debido proceso y a la libertad sindical; en consecuencia, NULA la Casación 3094-2009 LIMA, de fecha 22 de diciembre de 2009, y subsistente la sentencia de fecha 24 de diciembre de 2008, con costos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
URVIOLA HANI

EXP. N.° 03736-2010-PA/TC
LIMA
CÉSAR AUGUSTO ELÍAS GARCÍA

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ, ETO CRUZ Y URVIOLA HANI

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Elías García contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 187, su fecha 6 de julio de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto:

ANTECEDENTES

Mediante demanda de fecha 15 de febrero de 2010 y escrito ampliatorio de fecha 25 de febrero de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se declare la nulidad de la Casación 3094-2009 LIMA, de fecha 22 de diciembre de 2009, que declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la Compañía Minera San Martín S.A., revocó la sentencia de segundo grado que estimaba la demanda de nulidad de despido del recurrente y la declaró infundada; y que, en consecuencia, se ordene su reposición en su puesto de trabajo, con el abono de las remuneraciones dejadas de percibir, los intereses legales, las costas y los costos del proceso.

Refiere que fue despedido el 21 de agosto de 2006, por haber constituido el Sindicato de Trabajadores de la Compañía mencionada y haber desempeñado el cargo de secretario general, motivo por el cual interpuso una demanda de nulidad de despido que fue estimada en primer y segundo grado, por haberse comprobado que su despido era un acto de discriminación sindical, razón por la que considera que la casación cuestionada vulnera su derecho a la tutela procesal efectiva, por no haberse tenido en cuenta los medios de prueba actuados en el proceso laboral que acreditan que no tenía un contrato del régimen de construcción civil y que su despido estuvo motivado por el ejercicio de su derecho a la libertad sindical.

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 17 de febrero de 2010, declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante pretende una revisión de lo actuado en el proceso laboral de nulidad de despido.

El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona a la instancia y solicita copias certificadas de la demanda y del auto admisorio.

La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que la casación cuestionada no vulnera el derecho a la tutela procesal efectiva, por cuanto el demandante está cuestionando el criterio de los magistrados de la Sala Suprema emplazada.

Con fecha 1 de diciembre de 2010, San Martín Contratistas Generales S.A. (antes, Compañía Minera San Martín S.A.) presenta ante el Tribunal Constitucional un escrito para mejor resolver, señalando que si bien celebró con el demandante un contrato de trabajo intermitente, éste a pedido suyo fue variado por el régimen de construcción civil, razón por la cual la conclusión de los trabajos de construcción que realizaba originó su cese. Refiere que lo resuelto en la casación cuestionada por la Sala Suprema emplazada no afecta el derecho a la tutela procesal efectiva del demandante, pues ha valorado debidamente las pruebas actuadas en el proceso laboral.

FUNDAMENTOS

11. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Casación 3094-2009 LIMA, de fecha 22 de diciembre de 2009, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, obrante de fojas 32 a 45, que resolvió declarar:

“(…) FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la Compañía Minera San Martín Sociedad Anónima (…); en consecuencia CASARON la Sentencia de Vista su fecha veinticuatro de setiembre del dos mil ocho (…); y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintisiete de mayo del dos mil ocho (…) que declara fundada la demanda; REFORMÁNDOLA la declararon infundada (…)”.

En la demanda se alega que la casación mencionada vulnera el derecho a la tutela procesal efectiva, porque la Sala Suprema emplazada al momento de resolver el recurso de casación no ha tenido en cuenta el Registro Único de Contribuyente de Perú LNG S.R.L., que demuestra que “la actividad que realiza no es de construcción civil, sino de exportación de petróleo y gas natural”, ni el “convenio colectivo suscrito por las partes”, que acredita que el demandante era representante de los trabajadores, y que, por ende, se encontraba protegido por el fuero sindical.

12. Para comprender la real dimensión de la controversia, resulta conveniente enunciar sucintamente los hechos que originaron la casación que se cuestiona en el presente proceso, y que son los siguientes:

d) En el año 2006, el demandante entabló a la Compañía Minera San Martín S.A. (en adelante, San Martín) y a Perú LNG S.R.L. una demanda de nulidad de despido por discriminación sindical, solicitando que se ordene su reposición y el pago de las remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir. Para justificar la relación jurídico procesal, en la demanda se precisa que San Martín contrató al demandante para que trabaje en los proyectos de exportación de Perú LNG S.R.L.

e) En primer grado (Exp. N.º 183407-2006), la demanda de nulidad de despido fue estimada por el Sétimo Juzgado de Trabajo de Lima, mediante la Sentencia N.° 34-2008-7JTL, de fecha 27 de mayo de 2008, obrante de fojas 67 a 72, por considerar que en la fecha en que se produjo el despido del demandante, éste se encontraba protegido por el fuero sindical. Dicha decisión se justifica en tanto el Juzgado mencionado pudo comprobar que el demandante había constituido un Comité de Obra Sindical el 18 de junio de 2006, que “desarrolló una negociación colectiva de trabajo”, que “concluyó con la suscripción de un Convenio Colectivo de Trabajo” en la cual él participó como Secretario General de dicho Comité de Obra.

f) En segundo grado (Exp. N.º 6060-2008), la Primera Sala Transitoria de Lima mediante la sentencia de fecha 24 de diciembre de 2008, obrante de fojas 74 a 86, confirmó que el demandante había sido objeto de un despido nulo por discriminación sindical, pues a la fecha de su despido se encontraba protegido por el fuero sindical, ya que había sido “representante ante la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos”.

A diferencia de la sentencia de primer grado, en ésta se precisa que el demandante era un trabajador del régimen laboral privado (Decreto Legislativo N.° 728), por cuanto celebró con San Martín un contrato de trabajo intermitente y porque el cambio del régimen laboral privado al régimen laboral de construcción civil no se produjo, debido a que: a) no había surgido del acuerdo de voluntades concurrentes de las partes, es decir, que la modificación del régimen laboral fue una decisión unilateral de San Martín; y b) el Registro Único de Contribuyentes de Perú LNG S.R.L., al señalar que su principal actividad económica es la exportación de petróleo crudo y gas natural, determina que no pueda encontrarse dentro del ámbito de aplicación del régimen laboral de construcción civil.

13. Establecidos los hechos relevantes del proceso laboral de nulidad de despido, este Tribunal considera trascendente destacar la justificación por la cual la casación 3094-2009 LIMA, declaró fundado el recurso de casación. Así, tenemos que la ratio decidendi de la casación cuestionada se encuentra contenida en el noveno, décimo y decimo primer considerando que destacan que:

“Noveno.- (…) las instancias de mérito han determinado (…) que el demandante desarrolló sus labores en condición de trabajador de construcción civil (…).

Décimo.- Siendo esto así la recurrente mediante Memorando N° 001.06.ADM de fecha 19 de agosto de 2006 (…) comunica al demandante que por motivo del Término de la Actividad: de Trabajos de construcción de los campamentos, y del apoyo con los equipos de transportes de combustible; y del término de Racionalización de la Partida N° 01, procede a cesarlo.

Décimo Primero.- En consecuencia cabe concluir que el cese del actor no fue consecuencia de una decisión arbitraria del empleador, sino del cese de la necesidad temporal de contar con los servicios de un chofer de cisterna, labor para la cual se le había contratado; lo que es consustancial al desarrollo de actividades en el sector de construcción civil”.

14. Partiendo de los alegatos de la demanda, de los actos procesales enunciados del proceso laboral de nulidad de despido y de los considerandos transcritos supra, este Tribunal considera que la controversia se centra en dilucidar si la actuación de la Sala Suprema emplazada al expedir la Casación 3094-2009 LIMA, lesiona los derechos a la prueba, al debido proceso y a la libertad sindical.

Debe precisarse que, si bien la vulneración de este último derecho constitucional (libertad sindical) no se menciona en forma expresa en la demanda, el alegato de su vulneración se desprende de los argumentos de ella, en tanto se alega que la casación cuestionada desconoce la protección que el fuero sindical le brindaba al demandante para que no pudiera ser despedido.

Ahora bien, corresponde precisar que las instancias inferiores han incurrido en un error al momento de calificar la demanda, pues la han rechazado de plano sin justificar tal decisión en alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 5º del CPConst. y sin haber valorado en forma adecuada los argumentos de la demanda, toda vez que ella no tiene por finalidad cuestionar el criterio de la Sala Suprema emplazada, sino su comportamiento al momento de resolver la Casación 3094-2009 LIMA. Por lo tanto, debería revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse que se admita a trámite la demanda. No obstante ello, y en atención a los principios de celeridad y economía procesal, estimamos pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que en autos aparecen elementos de prueba suficientes que posibilitan un pronunciamiento de fondo, más aún si se tiene que el Procurador Público del Poder Judicial se apersonó ante las instancias judiciales inferiores (f. 142 y 168) y solicitó informar oralmente en segunda instancia –lo cual, pese a haber sido concedido, no se llevó a cabo (f. 186)- y que inclusive San Martín, que no es parte en este proceso, ha expuesto sus fundamentos sobre la pretensión demandada, lo que implica que su derecho de defensa ha sido ejercido.

15. Con relación al derecho a la prueba, debe recordarse que en la STC 6712-2005-HC/TC se precisó que uno de los contenidos de este derecho se encuentra constituido por el hecho de que las pruebas admitidas y actuadas dentro del proceso o procedimiento sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida.

En el presente caso, consideramos que la casación cuestionada vulnera el derecho a la prueba, pues como se ha puesto de manifiesto en el considerando 3, supra, de este voto, la Sala Suprema emplazada declaró fundado el recurso de casación porque consideró que el demandante era un trabajador del régimen laboral de construcción civil. Dicha conclusión pone de manifiesto que la Sala Suprema emplazada no valoró en forma adecuada el Registro Único de Contribuyentes de Perú LNG S.R.Ltda., ya que la información contenida en él es decisiva para determinar que el demandante no podía encontrarse sujeto al régimen laboral de construcción civil, pues la actividad económica que desempeña dicha Sociedad se encuentra fuera del ámbito de aplicación del régimen laboral de construcción civil.

Es más, en el noveno considerando transcrito de la casación cuestionada se incurre en una manifiesta irregularidad procesal al efectuar una aseveración que no se condice con el tenor del acto procesal que cita, pues en él se dice que “las instancias de mérito han determinado” que “el demandante desarrolló sus labores en condición de trabajador de construcción civil”. Si bien dicha conclusión se encuentra contenida en la sentencia de primer grado del proceso laboral, no sucede lo mismo con la sentencia de segundo grado, pues en esta última se enfatiza que el demandante se encontraba sujeto al régimen laboral privado y que la modificación de este régimen laboral no se produjo. Así, en el décimo fundamento de la sentencia de segundo grado se señala que:

“(…) la actividad económica principal de la codemandada PERÚ LNG S.R.L.: [es] la exportación de petróleo crudo y gas natural por lo que ese tipo de actividad no se encuentra comprendida en el ámbito de los contratos de construcción civil y es de naturaleza permanente (…) por lo que tampoco la demandada COMPAÑÍA MINERA SAN MARTÍN S.A., ni el demandante, podían modificar la naturaleza del contrato individual de trabajo intermitente (…)”.

Del considerando transcrito se concluye que el noveno considerando de la casación cuestionada contiene una motivación aparente, porque la Sala Suprema emplazada, injustificadamente, omitió valorar en forma adecuada y correcta el Registro Único de Contribuyentes de Perú LNG S.R.Ltda. y, subjetivamente, afirmó un hecho que no se condice con lo afirmado en la sentencia de segundo grado del proceso laboral, ya que en ninguno de sus considerandos se concluye que el demandante ha sido un trabajador del régimen laboral de construcción civil.

Por lo tanto, consideramos que la Casación 3094-2009 LIMA ha vulnerado el derecho a la prueba, por haber omitido valorar en forma adecuada el Registro Único de Contribuyentes de Perú LNG S.R.Ltda., a pesar de la trascendencia del mismo en el sentido del fallo.

16. Con relación al derecho al debido proceso, debe recordarse que en la STC 2039-2007-PA/TC se destacó que “en el recurso de casación no se pueden valorar nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en primer y/o en segundo grado, pues su configuración normativa establece que tal recurso tiene por finalidad la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto”, ya que de suceder ello se afectaría el derecho en mención.

En el presente caso, la Sala Suprema emplazada modificó los hechos que habían sido considerados probados en segunda instancia y sobre los cuales se había efectuado una adecuada y correcta valoración, porque concluyó, en el noveno considerando transcrito de la casación cuestionada, que el demandante se encontraba sujeto al régimen laboral de construcción civil. Dicha conclusión, a decir de la Sala Suprema emplazada, se desprende de la sentencia de segundo grado, lo cual no se condice con el sentido de sus considerandos, pues, por el contrario, en ella los hechos fijados, calificados e interpretados generan la conclusión de que el demandante era un trabajador del régimen laboral privado.

Por esta razón, somos de la opinión que la casación cuestionada ha vulnerado el derecho al debido proceso del demandante, en la medida que modificó la valoración de los hechos probados por la sentencia de segundo grado, consistente en que el demandante no era un trabajador del régimen laboral de construcción civil, sino del régimen laboral privado.

17. Con relación al derecho a la libertad sindical, es pertinente destacar que tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia del proceso laboral concluyeron como hecho probado que el demandante había sido despedido por discriminación sindical. En ellas se recoge y valora el hecho de que el demandante había participado como secretario general del Comité de Obra San Martín Minería y Construcción Perú LNG S.R.Ltda. y suscrito en tal condición un convenio colectivo, razón por la cual se declaró nulo su despido por discriminación sindical.

En efecto, del examen de los hechos probados por la sentencia de primera y segunda instancia del proceso laboral, se evidencia la existencia de indicios que, valorados en conjunto, demuestran que el demandante fue objeto de un despido nulo por discriminación sindical. Por dicha razón, juzgamos irrazonable que la Sala Suprema emplazada, al momento de resolver la Casación 3094-2009 LIMA, haya excluido estos hechos valorados y no haya tenido presente la protección que brinda el fuero sindical, pues en el proceso laboral se alegó que el despido del demandante era nulo porque en la fecha en que se produjo se encontraba protegido por el fuero sindical; sin embargo, la Casación 3094-2009 LIMA omite pronunciarse sobre ello, a pesar de haber sido un hecho calificado y probado por la sentencia de primera y segunda instancia, negando de este modo la tutela del derecho a la libertad sindical; y es que la Sala Suprema emplazada en el décimo segundo considerando de la casación cuestionada estima que el fuero sindical es un argumento de la demanda que se utiliza como “un mecanismo para desnaturalizar las relaciones de trabajo de duración determinada”.

Lo dicho por la Sala Suprema emplazada afecta la congruencia del proceso laboral de nulidad de despido, pues en él nunca se debatió como tema a decidir si el fuero sindical es, o no, un “mecanismo para desnaturalizar las relaciones de trabajo de duración determinada”, por el contrario, el thema decidendi era determinar si el demandante se encontraba, o no, protegido por el fuero sindical en la fecha de su despido; y vulnera también el derecho a la libertad sindical por haber desconocido la protección que brinda el fuero sindical y el cargo sindical que había tenido el demandante.

18. No pasa desapercibido el carácter emblemático del caso de autos con relación al derecho a la libertad sindical que el Estado peruano se ha comprometido a proteger, al haber ratificado en 1948 y 1964, respectivamente, tanto el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) “Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” como el Convenio N.º 98 de la OIT “Relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva”. En ese orden de ideas, y en línea con la argumentación expuesta por la Defensoría del Pueblo en su condición de Amicus Curiae (f. 5 del cuadernillo del TC), debe valorarse la decisión del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT recaída en el caso número 2527 (f. 175 del cuaderno principal que, entre otros, está referido al demandante), en el cual se destaca el deber de los Estados de proteger adecuadamente a los trabajadores –y en especial a los dirigentes sindicales- contra los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo, tales como su despido.
19. Por las razones esgrimidas, debe estimarse la demanda y, en virtud de la finalidad restitutiva del proceso de amparo, la sentencia de la Primera Sala Transitoria de Lima que ha sido revocada por la Casación 3094-2009 LIMA debe mantener la calidad de cosa juzgada y, por ende, ser ejecutada en sus propios términos.
20. Según lo peticionado por el recurrente en su demanda de 15 de febrero del 2010 y escrito ampliatorio de 25 de febrero del 2010, resta emitir pronunciamiento respecto de las costas y costos exigibles en el presente proceso seguido en sede constitucional, razón por la cual consideramos que cabe imponer a la parte emplazada el pago de costos, en atención a lo estipulado en el artículo 56º del Código Procesal Constitucional.

Por estas razones, nuestro voto es por declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración de los derechos a la prueba, al debido proceso y a la libertad sindical; en consecuencia, NULA la Casación 3094-2009 LIMA, de fecha 22 de diciembre de 2009, y subsistente la sentencia de fecha 24 de diciembre de 2008, con costos.

Sres.

MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
URVIOLA HANI

EXP. N.° 03736-2010-PA/TC
LIMA
CÉSAR AUGUSTO ELÍAS GARCÍA

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN

Con el debido respeto que me merecen los votos singulares de los magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y Beaumont Callirgos; en el caso comparto los fundamentos expuestos así como la parte resolutiva de la ponencia suscrita por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Urviola Hani, los cuales hago míos; soy de la opinión, entonces, de que se declare FUNDADA la demanda.

Sr.

CALLE HAYEN

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ÁLVAREZ MIRANDA Y BEAUMONT CALLIRGOS

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Elías García contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 187, de fecha 6 de julio de 2010, que declaró improcedente de manera liminar la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto:

1. Con fecha 15 de febrero de 2010 el recurrente interpone demanda de amparo, que es posteriormente ampliada mediante el escrito de fecha 25 de febrero de 2010, contra los magistrados integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando la nulidad de la Casación N.º 3094-2009 LIMA de fecha 22 de diciembre de 2009, que estimando la casación presentada por Compañía Minera San Martín S.A., revocó la sentencia de segundo grado que justamente declaraba fundada la demanda de nulidad de despido que interpuso, declarándola infundada. Por tal motivo solicita su reposición en su puesto de trabajo, y el abono de las remuneraciones dejadas de percibir, los intereses legales, las costas y los costos del proceso.

2. Sustenta sus pretensiones, por un lado, en el hecho de que fue despedido por haber constituido el sindicato de trabajadores de su ex empleador y desempeñado el cargo de secretario general de dicha organización y, por otro, en que se ha conculcado su derecho a la tutela procesal efectiva, al no haberse actuado los medios probatorios que demuestran que no se encontraba dentro de los alcances del régimen laboral de construcción civil.

3. El a quo y el ad quem rechazaron la demanda in límine por considerar que el demandante persigue reevaluar el criterio de los magistrados demandados.

4. Conforme se advierte de lo actuado, la presente demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Casación N.º 3094-2009 LIMA (fojas 32 - 45) emitida con fecha 22 de diciembre de 2009, que, a juicio del recurrente, vulnera sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso por cuanto el medio probatorio que demostraría que no estuvo contratado bajo el régimen de construcción civil, y que, por tanto, su despido obedeció a un acto de discriminación en su contra debido a su afiliación al sindicato, en el que incluso ocupó el cargo de Secretario General; no ha sido merituado. A través de la resolución judicial que cuestiona se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Compañía Minera San Martín S.A. contra la sentencia de segundo grado (que estimaba la demanda de nulidad de despido del recurrente y decretó su reposición en su puesto de trabajo, así como el abono de las remuneraciones dejadas de percibir, los intereses legales y las costas y los costos del proceso), y en consecuencia, la revocó.

5. No obstante lo expuesto por el demandante, el a quo se decantó por declarar la improcedencia de la demanda de manera liminar dado que lo perseguido por aquél es la revisión de lo resuelto en un proceso laboral. El ad quem confirmó lo resuelto en primera instancia por la misma razón. Sin embargo, lo argumentado por el demandante en modo alguno podría justificar el rechazo in límine dispuesto por las instancias anteriores, pues, contrariamente a lo señalado en ambas resoluciones, se está cuestionando el hecho de que en la fundamentación de la resolución cuya nulidad se solicita, no se ha tomado en cuenta que Perú LNG S.R.L. no se dedica a actividades de construcción, y que, por ello, no pudo haber estado vinculado con esa empresa bajo el régimen de construcción civil, al estar fuera del ámbito de su aplicación.

6. En efecto, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada extensión de la motivación, sino fundamentalmente: a) que exista fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé; b) que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y lo pretendido por las partes; y, c) que la resolución por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión [Cfr. STC N.º 04348-2005-PA/TC].

7. Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5) del artículo 139º de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables [Cfr. STC Nº 08125-2005-PHC/TC].

8. De otro lado, tampoco puede soslayarse el derecho del demandante a ofrecer medios probatorios que considere necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de los medios probatorios debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado [Cfr. STC Nº 04831-2005-PHC/TC].

9. Consideramos oportuno señalar que la sentencia “(…) en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no sólo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley. Dicha providencia no es, entonces, un simple acto formal sino el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto” [Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana C-252/01].

10. Por tanto, estimamos que la omisión en las consideraciones por las cuales los jueces supremos demandados resolvieron declarar fundado el recurso de casación, y por ende, revocaron la sentencia de fecha 24 de diciembre de 2008 expedida por la Primera Sala Transitoria de Lima (fojas 74 - 86), que confirmó la sentencia emitida con fecha 27 de mayo de 2008 por el Sétimo Juzgado de Trabajo (fojas 67 - 72), importaría que, en buena cuenta, estemos frente a una “motivación aparente”, pues se prescindió de los alegatos hechos por el demandante sobre el particular, pese a que el actor afirma que el asunto controvertido en el proceso laboral subyacente gira en torno a ello.

11. En consecuencia, consideramos que corresponde revocar el rechazo liminar decretado en las instancias precedentes -máxime cuando todo hace indicar que el actor ostentaría la condición de dirigente sindical- a fin de que se emplace tanto a los demandados y al Procurador Público del Poder Judicial, como a Compañía Minera San Martín S.A., a fin de que salvaguarden sus intereses, pues la decisión a recaer en el presente proceso los podría afectar.
Por estas razones, nuestro voto es por REVOCAR las resoluciones de fechas 17 de febrero de 2010 (fojas 97 - 98) y 6 de julio de 2010 (fojas 187 - 188), debiendo procederse conforme a lo indicado en el fundamento 11 de este voto.

Sres.

ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS